Congreso local extingue el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística; crea la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno

Con el voto en contra de la bancada del PAN, el Congreso de Morelos extinguió el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), y en su lugar creó la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) con cuyo ente, dijo la bancada de Morena, se conserva el derecho de los ciudadanos al acceso a la información pública y protección de sus datos personales, pero ahora tutelados por diversos entes gubernamentales.

El líder parlamentario del PAN, Daniel Martínez Terrazas, afirmó que la desaparición del IMIPE constituye un “retroceso profundo” en materia de derechos humanos, equilibrio institucional y democracia. Aseguró que trasladar sus funciones a una Secretaría del Ejecutivo compromete la imparcialidad y debilita la rendición de cuentas en el estado.

Recordó que los gobiernos del PAN fueron impulsores de la transparencia en México y que Morelos merece instituciones fuertes, no subordinadas.

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Su compañera de bancada, Andrea Gordillo, resaltó que la transparencia no estorba al buen gobierno, incomoda a quien no quiere rendir cuentas.

En su turno, el diputado Rafael Reyes Reyes, coordinador de Morena, resaltó que la transparencia llegó para quedarse, la rendición de cuentas debe ser menester de todos los que manejan información y también los que manejan recursos públicos.

Por su parte, el diputado Isaac Pimentel Mejía, presidente de la Mesa Directiva, afirmó que el Congreso enfrenta una decisión histórica: mantener privilegios heredados del pasado o avanzar hacia una transformación real del estado de Morelos. Señaló que la reforma discutida no responde a ocurrencias ni caprichos políticos, sino a una armonización constitucional necesaria, alineada al marco federal y orientada a combatir la corrupción, la simulación y el uso ineficiente de los recursos públicos.

Las reformas a la Constitución local fueron remitidas a los ayuntamientos y en caso de ser aprobadas por las dos terceras partes de los mismos, se realizará la declaratoria de validez correspondiente y se remitirá al Poder Ejecutivo estatal para su publicación.

“No está en riesgo el derecho a la información”, asegura Nashieli Ramírez Hernández, secretaria general de la Contraloría de la CDMX

afcl