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El pleno del Congreso de Veracruz aprobó diversas reformas legales para ampliar el catálogo de conductas ilícitas relacionadas con el lavado de dinero y los sujetos responsables.
Con 39 votos a favor, cero en contra y siete abstenciones, los diputados locales avalaron cambios al Código Penal del Estado, ello a propuesta de la gobernadora Rocío Nahle García (Morena).
A partir de esta reforma, se prevé la imposición de cinco a 15 años de prisión y multa de mil a cinco mil veces el valor de la UMA al que, por sí o por interpósita persona, realice o auxilie a otra persona en cualquiera de las conductas que deriven en lavado de dinero.
Se sancionará penalmente a quien adquiera, enajene, administre, custodie, posea, cambie, convierta, deposite, retire, dé o reciba por cualquier motivo, invierta, traspase, transporte o transfiera dentro del territorio estatal, de éste hacia el exterior o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
O en su caso, oculte, encubra o pretenda ocultar o encubrir la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad o titularidad de recursos, derechos o bienes, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
Se entenderá que son producto de una actividad ilícita los recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando existan indicios fundados o certeza de que provienen directa o indirectamente o representan las ganancias derivadas de la comisión de algún delito y no pueda acreditarse su legítima procedencia.
Cuando el agente activo sea servidor público, las sanciones serán aumentadas hasta en una mitad y se le destituirá e inhabilitará para desempeñar empleo, cargo o comisión públicos por otro tiempo igual al de la pena de prisión impuesta.
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La mandataria recordó que dicho artículo que tipifica el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, no había tenido modificación desde su publicación en la Gaceta Oficial del Estado el 7 de noviembre de 2003, mientras que el Artículo 400 Bis del Código Penal federal, en ese mismo periodo, ha sido reformado en dos ocasiones.
En nombre del Grupo Legislativo de Morena, la diputada Erika del Carmen Rosario Morales dijo que esta reforma representa un avance decisivo en la lucha frontal contra uno de los delitos que más daña la economía y la seguridad pública.
El coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), diputado Enrique Cambranis Torres, advirtió que “de nada servirá endurecer la Ley si las instituciones siguen siendo débiles.
afcl
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