Comisión de Derechos Humanos de Yucatán presenta su informe sobre el derecho a la protesta; documenta uso excesivo de la fuerza
María Guadalupe Méndez Correa alertó sobre procesos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Yucatán
Mérida, Yucatán. - La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) presentó su primer informe especial sobre el derecho a la protesta, un ejercicio que aborda de manera directa, documentada y pública este tema en la entidad.
La presidenta de la CODHEY, María Guadalupe Méndez Correa, indicó que este estudio identificó la persistencia de prácticas estatales de control del espacio público, entre ellas el uso recurrente de dispositivos de contención, presencia policial desproporcionada y, en algunos casos, uso de la fuerza en contextos de protesta, particularmente en manifestaciones feministas y antipatriarcales.
Advirtió de la existencia de patrones de estigmatización y criminalización hacia personas manifestantes, a quienes se les ha asociado con narrativas de “violencia” o “delincuencia”, lo que genera un entorno adverso para el ejercicio de la libertad de expresión y de reunión.
“La CODHEY identificó un trato diferenciado hacia las protestas según las personas o agendas que las encabezan, principalmente, las movilizaciones antipatriarcales y antirracistas, así como aquellas relacionadas con los derechos de las mujeres, pueblos originarios y la defensa del territorio", explicó.
Méndez Correa alertó sobre procesos de criminalización contra personas defensoras de derechos humanos en Yucatán, como detenciones arbitrarias, apertura de carpetas de investigación y uso de mecanismos administrativos que pueden inhibir la participación ciudadana.
“El derecho a la protesta se encuentra formalmente reconocido en Yucatán, pero enfrenta obstáculos estructurales que afectan de manera diferenciada a grupos históricamente discriminados, entre ellos mujeres, comunidades mayas y personas defensoras del territorio”, concluyó la presidenta de la CODHEY.
En su intervención, Ricardo Neves, oficial de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU-DH en México, reconoció el trabajo de la Codhey al impulsar un informe temático sobre un tema que, señaló, aún no es abordado de manera sistemática por todos los organismos públicos de derechos humanos en el país.
Enfatizó que la libertad de reunión pacífica constituye un derecho instrumental que permite el ejercicio de otros derechos, como la libertad de expresión y la participación política.
Asimismo, advirtió sobre la persistencia de marcos normativos que, en algunos casos, restringen indebidamente este derecho, especialmente a través de mecanismos penales.
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