Cancún, Q. Roo. - Ante la inacción y el silencio del de Quintana Roo, colectivas feministas han exigido la destitución del juez de Control en materia penal, Jonathan Yong Mendoza, quien presuntamente fue captado con un arma de fuego en mano al momento de , identificada como su pareja, cuando se encontraban en el fraccionamiento Palmaris, en la ciudad de Cancún.

En redes sociales ha circulado la imagen en donde se observa al funcionario, aparentemente con una pistola, mientras la víctima se encuentra . También se menciona extraoficialmente que el juez, presuntamente, intimidó a un agente de Seguridad Pública que acudió para brindar atención al reporte.

Yong Mendoza fue nombrado en 2016 como titular de la entonces Secretaría de Seguridad Pública del municipio de Benito Juárez y destituido del cargo en mayo del 2017, durante el trienio del entonces alcalde, Remberto Estrada Barba. Para el 13 de junio de ese mismo año fue reubicado como director de Catastro.

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En este año fue uno de los candidatos postulados para la integración del nuevo Poder Judicial, cuyo procedimiento anticipaba a las y los ganadores, por la forma en que se conformaron las planillas, sin contar con que el día de la elección, se distribuyeron los famosos “acordeones”, lo cual se documentó el día de la jornada electoral.

El exsecretario de Seguridad Pública de Cancún resultó electo y fue nombrado por el Congreso del estado como juez, en septiembre pasado.

Hasta el momento ninguna autoridad se ha pronunciado sobre los hechos ocurridos el pasado 23 de diciembre, que involucran al juez.

El Poder Judicial, que cuenta con un Comité de Género, no ha informado sobre acción alguna en torno al tema y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo negó tener un reporte de los hechos, aun cuando recibió la denuncia vía telefónica al número 911, lo que motivó la intervención del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (Geavig) del estado.

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Al respecto, la colectiva 50+1 –capítulo Quintana Roo– exigió la destitución inmediata de Jonathan Yong Mendoza de su cargo como juez, así como la realización de una investigación exhaustiva y transparente por parte de las autoridades competentes.

En su pronunciamiento público demandó que se brinde protección a las personas afectadas y que se garantice el acceso a la justicia sin dilaciones ni privilegios.

La colectiva indicó que los hechos fueron presenciados por personas que se encontraban en el lugar y que existen grabaciones que documentan el incidente.

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Este juez –cuyo nombramiento en septiembre pasado, deriva de las reformas que dieron pie a la cuestionada conformación del nuevo Poder Judicial estatal– ha sido relacionado previamente en investigaciones por presuntos delitos, entre ellos lavado de dinero y posibles vínculos con la delincuencia organizada, de acuerdo con la colectiva 50+1.

La organización sostuvo que los actos de violencia, particularmente aquellos que involucran a niñas, niños y mujeres, “no deben tener cabida en una sociedad que se rige por el Estado de Derecho”, y subrayó que la función pública implica una responsabilidad reforzada en el cumplimiento de la ley.

Por separado, el Colectivo Femenil Xtabay coincidió en la exigencia de cesar del cargo a Yong Mendoza y pidieron sancionarlo. “Ningún agresor en el poder”, expuso la organización.

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