TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - En Chiapas, quienes incumplan con las pensiones alimenticias, quedarán inscritos en el recién creado Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, cuya constancia impedirá el ingreso a determinados cargos públicos, al registro como candidato a cargos de elección popular y otros trámites legales y administrativos.
La Legislatura estatal aprobó este martes la iniciativa de decreto que reforma y adiciona disposiciones del código civil de Chiapas, en materia del Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, que fue propuesto por el Poder Judicial del Estado.
El dictamen estableció que, con dicha reforma, que se armoniza con los ordenamientos federales, se fortalece la protección del interés superior de la niñez, al considerar como persona deudora alimentaria morosa a quien incumpla con el pago de alimentos durante 60 días de forma continua o permanente.

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Al no cumplirse con dicha pensión procede la inscripción del responsable en el Registro de Personas Deudoras Alimentarias Morosas, mediante resolución judicial; se fortalecen, además las facultades de las autoridades para localizar bienes, decretar embargos precautorios y adoptar las medidas conducentes para garantizar que los recursos vayan a quienes tengan ese derecho.
El pleno del Legislativo aprobó, asimismo la iniciativa de decreto que reforma adiciona y deroga disposiciones del código de organización del Poder Judicial estatal; así también fueron aprobadas disposiciones de la ley de instituciones y procedimientos electorales de Chiapas.
Sobre las reformas al código civil de la entidad, el magistrado presidente del Poder Judicial de Chiapas, Juan Carlos Moreno Guillén, afirmó que con éstas se fortalece el cumplimiento de las obligaciones alimentarias y se garantiza una mayor protección a los derechos de la niñez y la adolescencia.
Como parte de esas reformas aprobadas, explicó, la constancia de no Inscripción en el Registro Estatal de Personas Deudoras Alimentarias Morosas será un requisito para acceder a diversos cargos públicos y de elección popular, así como para distintos trámites administrativos.
Así se fortalecerá el principio de que quienes aspiran a servir a la ciudadanía deben demostrar responsabilidad en el cumplimiento de sus deberes familiares, argumentó el titular del Poder Judicial.
La reforma integra también herramientas jurídicas que permitirán localizar bienes inmuebles de las personas deudoras e "inscribir anotaciones con efectos de embargo precautorio"; así se refuerzan las garantías para que las personas acreedoras alimentarias reciban oportunamente el sustento que por derecho les corresponde.
Los nuevos ordenamientos, enfatizó Moreno Guillén, representan un cambio de fondo en la protección de la infancia y la adolescencia con mecanismos más eficaces para asegurar que quienes tienen la obligación legal de proporcionar alimentos la cumplan a cabalidad.
El magistrado presidente manifestó que el incumplimiento de una pensión alimenticia no es únicamente un conflicto entre personas adultas, sino un daño directo al desarrollo, la salud, la educación y al proyecto de vida de los niños en general y los adolescentes, por tanto, el Estado y su gobierno está obligado a crear medidas de garantía para la observancia legal y el cumplimiento de esos derechos.
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