El ascenso del ICE, así funciona la poderosa (y polémica) agencia migratoria de Trump

El Uni Explica | 16-07-26 | 15:54 | Paola Ramírez | Actualizada | 16-07-26 | 15:56 |

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En lo que va de la segunda administración de Donald Trump 17 mexicanos han muerto en custodia o durante operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), de acuerdo con un balance compartido el pasado 14 de julio en la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Ante estas cifras, el gobierno de México presentará denuncias penales en el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y fiscalías estatales. La decisión representa un nuevo capítulo en la larga lista de cuestionamientos hacia la agencia migratoria, en cuyas instalaciones han fallecido al menos 58 personas de distintas nacionalidades, según el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez.

Los casos recientes del mexicano Lorenzo Salgado Araujo, fallecido durante un operativo en Houston, Texas, y del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, muerto en Biddeford, Maine, provocaron protestas y movilizaciones de activistas en Nueva York, Houston y otras ciudades de Estados Unidos.

En este contexto, el ICE volvió al centro del debate sobre la política migratoria estadounidense y los límites de sus facultades. Aquí te explicamos cómo la agencia consolidó su poder, amplió su presupuesto y se convirtió en uno de los principales instrumentos de la estrategia migratoria de Trump.

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El ICE se define como el organismo encargado de "identificar actividades criminales y eliminar vulnerabilidades que representan amenazas para la seguridad fronteriza, económica, de transporte e infraestructura" de Estados Unidos.

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La dependencia forma parte del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y opera tanto dentro del territorio estadounidense como en zonas fronterizas.

Actualmente, mediante el programa 287(g), agencias policiales estatales y locales pueden colaborar con el ICE y participar en funciones relacionadas con la aplicación de las leyes migratorias.

La agencia fue creada el 1 de marzo de 2003 durante la administración de George W. Bush como parte de la reestructuración del aparato de seguridad nacional estadounidense tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

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Su creación se sustentó en la Ley de Seguridad Nacional de 2002 (Homeland Security Act), que dio origen al Departamento de Seguridad Nacional y disolvió instituciones previas como el Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) y el Servicio de Aduanas de Estados Unidos.

Las funciones de ambas dependencias fueron absorbidas por la nueva agencia, cuya misión inicial era reforzar la seguridad nacional y prevenir amenazas terroristas dentro del territorio estadounidense.

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El primer director del ICE (en aquel entonces subsecretario) fue Michael J. Garcia, una figura relevante por desempeñarse como comisionado interino del INS, y liderar las investigaciones penales contra Al Qaeda por el atentado al World Trade Center de 1993 y los letales bombardeos de las embajadas de EE. UU. en Kenia y Tanzania en 1998, según el archivo histórico oficial de la Casa Blanca.

Una investigación de LAist y NPR indica que, cuando inició operaciones en 2003, el ICE contaba con un presupuesto anual de 3 mil 300 millones de dólares y una fuerza de aproximadamente 10 mil agentes.

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Con el paso de los años, la agencia amplió considerablemente sus capacidades y su participación dentro de la política migratoria estadounidense. Durante la administración de Barack Obama, las deportaciones alcanzaron niveles históricos. Tan sólo en 2012 el ICE realizó 409 mil 849 remociones.

Al concluir el mandato de Obama en 2016, la agencia acumulaba más de tres millones de deportaciones, según los Informes de Operaciones de Ejecución y Remoción del ICE correspondientes a los años fiscales 2012 a 2016.

Para 2024, el presupuesto asignado al organismo ascendía a 9 mil 600 millones de dólares y la plantilla había crecido hasta 21 mil empleados.

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Sin embargo, la expansión más significativa ocurrió durante el segundo mandato de Donald Trump. Entre los años fiscales 2025 y 2026, el Congreso aprobó para el ICE recursos por 85 mil millones de dólares, una bolsa presupuestaria extraordinaria que la agencia ejercerá a lo largo de varios años y que será operada por una fuerza de aproximadamente 22 mil agentes.

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El ICE funciona bajo una combinación de leyes federales, disposiciones constitucionales y directrices emitidas por el Departamento de Seguridad Nacional.

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La agencia concentra sus funciones en tres grandes áreas operativas.

Operaciones de Aplicación de la Ley y Deportación (ERO), responsables de las detenciones de migrantes, deportación y libertad condicional de inmigrantes indocumentados. Tienen la facultad de administrar centros de detención migratoria y otorgar libertades bajo fianza o supervisión.
Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), el cual tiene la facultad de investigar delitos transnacionales como narcotráfico, lavado de dinero, trata y tráfico de personas, contrabando de armas, ciberdelitos y terrorismo.
La Oficina del Asesor Jurídico Principal (OPLA), que se encarga de la representación y acompañamiento legal a las personas en caso de ser deportadas, incluyendo la defensa y litigio ante la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia de los Estados Unidos.

Los agentes del ICE pueden operar tanto uniformados como vestidos de civil y están autorizados para portar armas de fuego e interrogar sobre el estatus legal de una persona. Además, cuentan con la facultad de realizar arrestos administrativos migratorios sustentados en órdenes firmadas por funcionarios del propio ICE y no por jueces penales del Poder Judicial estadounidense.

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Diversas organizaciones de derechos humanos sostienen que la expansión operativa del ICE ha venido acompañada de un incremento en las denuncias por abusos y condiciones deficientes dentro de los centros de detención.

Un informe publicado en junio de 2026 por Human Rights Watch (HRW) y Physicians for Human Rights (PHR), titulado Dying in Detention: Rising Deaths in an Expanding US Immigration Detention System, concluyó que la tasa de muertes bajo custodia del ICE se encuentra en su nivel más alto y se ha duplicado desde el inicio del segundo mandato de Trump.

El documento atribuye este incremento al crecimiento acelerado del sistema de detención migratoria impulsado por las campañas masivas contra la inmigración irregular. Según el reporte, el número de personas detenidas superó las 71 mil en enero de 2026 y la tasa de mortalidad aumentó 140% respecto al año anterior.

La expansión presupuestal del ICE también obligó a la agencia a acelerar sus procesos de contratación.

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De acuerdo con los requisitos oficiales, los aspirantes a agentes deben ser ciudadanos estadounidenses, contar con licencia de conducir, ser elegibles para portar armas de fuego y superar investigaciones de antecedentes, evaluaciones médicas, pruebas físicas y exámenes antidopaje.

No obstante, una investigación publicada en 2026 por la Associated Press (AP) reveló que la urgencia por incrementar el número de agentes debilitó algunos de estos filtros de seguridad.

El reportaje del periodista Ryan J. Foley documentó que la dependencia incorporó a personal con antecedentes de bancarrota, deudas financieras relevantes y señalamientos previos de mala conducta o uso excesivo de la fuerza en corporaciones policiales locales.

La investigación también identificó casos de agentes que comenzaron a portar armas antes de concluir formalmente todas las fases de evaluación y acreditación requeridas por la propia institución.

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Tras las muertes de Lorenzo Salgado Araujo y Johan Sebastián Durán Guerrero durante operativos en vía pública, diversos medios estadounidenses reportaron que el Departamento de Seguridad Nacional ordenó el pasado 14 de julio una suspensión temporal de las inspecciones de tránsito y detenciones vehiculares realizadas por el ICE.

Sin embargo, la mañana del 15 de julio, el presidente Donald Trump rechazó públicamente cualquier limitación a las operaciones de la agencia y elogió el "trabajo excelente" realizado por sus agentes.

A través de su red social Truth Social, el mandatario afirmó que a los demócratas "radicales de izquierda les encantaría que esto sucediera", pero aseguró que las operaciones del ICE continuarán sin cambios durante su administración.