Aunque AMLO declaró el miércoles que ni daba línea ni tenía favorita en la terna de mujeres que envió al Senado para sustituir en la Corte al dimitente ministro Eduardo Medina Mora , la designación senatorial de Margarita Ríos-Farjat con una abrumadora mayoría de 94 de los 122 votos emitidos, reflejó la fuerza de un cabildeo que se intensificó la mañana de ayer desde el Palacio Nacional , acaso con la amable advertencia a los senadores electores de lo inútil y costoso que sería meterse en líos con el SAT , organismo que hasta ayer dirigió la nueva ministra.
Desde antes de que ocupara la titularidad del Servicio de Administración Tributaria al inicio de este gobierno, Ríos-Farjat era una fuerte carta de López Obrador para postular por un asiento en la Corte, pero la influencia del jefe de la Oficina de la Presidencia , Alfonso Romo , la colocó al frente del organismo fiscalizador aun contra los deseos de Carlos Urzúa , primer secretario de Hacienda de la 4T que acabó por perder la batalla contra la poderosa dupla y renunció al cargo.
Así, las vicisitudes y necesidades de la política regresaron los reflectores a quien fuera la primera carta de AMLO para ocuparse del SAT: Rosalinda López Hernández , la actual administradora general de Auditoría Fiscal del organismo, contadora pública egresada de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con maestría en auditoría económica, financiera y contable por la Universidad Autónoma de Madrid.
El mal desempeño económico del año provocó una importante caída de la recaudación fiscal (IVA, IEPD e ISR). Para septiembre de 2019, el gobierno esperaba haber captado dos billones de pesos y solo recaudó 1.3 billones.
El gobierno, por lo tanto, está urgido de mejorar la recaudación y, a ojos de AMLO, López Hernández no solo le garantiza conocimiento y experiencia contra la evasión, sino una línea de confianza sustentada no solo en ser parte del mismo proyecto político sino también en una añeja amistad personal.
No se olvide que la hoy administradora general de Auditoría Fiscal del SAT es hermana del actual gobernador de Tabasco, Adán López Hernández, hijos ambos del notario Payambé López Falconi, viejo amigo de AMLO desde los tiempos compartidos en La Chontalpa y Macuspana , según le conté aquí el pasado 25 de julio de 2018 (https://bit.ly/34Uluor). Rosalinda López Hernández es además esposa de otro aliado gobernador morenista, el de Chiapas, Rutilio Escandón Cadenas.
De manera que la 4T operó para dar salida a Ríos-Farjat vía la Corte y abrir el camino al SAT a una pieza de todas las confianzas del Presidente, precisamente cuando tiene la urgente necesidad de aumentar la recaudación, pero sin faltar a la promesa de no hacer una reforma fiscal sino hasta la segunda parte del sexenio.
Por eso lo que primero fue “ni favorita, ni línea”, se transformó después en el cabildeo de última hora para apoyar a Ríos-Farjat.
Instantáneas:
1. TERRORISTAS.
Tras reunirse ayer con William Barr, fiscal general de EU, AMLO dijo que el estadounidense comprendió la posición mexicana que rechaza el intervencionismo y favorece la cooperación para el desarrollo. Pero una cosa es que el fiscal la comprenda y otra que su jefe, Donald Trump, renuncie a lo que parece la decisión ya tomada de catalogar como terroristas a los cárteles mexicanos de la droga. El presidente estadounidense se reunirá hoy en Washington con sus principales asesores en seguridad nacional y se asegura que en breve dará a conocer el veredicto.
2. CORRUPCIÓN.
Ya le contaba aquí de los señalamientos de nepotismo que pesan sobre Alfonso Pérez Daza, uno de los propuestos para magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Pero quien podría ser designado uno de los primeros jueces anticorrupción, también es señalado de influir, cuando fue consejero de la Judicatura Federal, en la adjudicación de una compra de computadoras que finalmente no se concretó. Además, el entonces responsable de obras en ese órgano del poder judicial, Francisco Javier Pérez Maqueda (hoy inhabilitado quince años luego de que encontraran en la cajuela de su automóvil cuatro millones de pesos) lo acusa de una asignación directa de obra pública por 150 millones de pesos para la construcción de Centros de Justicia Penal en beneficio de CABSA Infraestructura, empresa que –asegura- dispuso de información privilegiada para ganar el contrato.
3. SALUD.
De acuerdo con el INEGI, trece mil 167 mexicanos murieron en 2017 por enfermedad renal crónica (ERC). Por la progresión silenciosa de esta enfermedad, se estima que hay nueve millones de pacientes que viven con ella y probablemente no lo saben. Además, no hay registro en el país de pacientes en esa condición. La terapia favorecida es el trasplante, pero en el país tenemos cerca de 12 mil pacientes en espera de un riñón. La alternativa es la diálisis peritoneal cuyo principal proveedor es el IMSS, que se ha visto en la necesidad de subrogarlo ante la alta incidencia de la ERC. Uno de los principales proveedores del servicio subrogado es PiSA, laboratorio mexicano que ha estado en medio de los diferendos con el sector salud por la compra consolidad de medicamentos. Muy grave sería que por eso se afectara esa alternativa.
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