Viviendas despojadas son usadas por el crimen, reportan expertos en Con los de Casa; sólo en el 7% de casos hay un detenido

En una edición de Con los de Casa, David Aponte, Director General Editorial de EL UNIVERSAL, conversó con el especialista en seguridad David Saucedo y Rodrigo Meneses Reyes, profesor e investigador del CIDE, sobre el despojo de propiedades en México, sus niveles de impunidad y el uso de inmuebles por parte de grupos delictivos.

Meneses Reyes explicó que el despojo no es un fenómeno reciente, de acuerdo con investigaciones, desde 2009 se registran alrededor de 3 mil 500 casos al año únicamente en la Ciudad de México, lo que representa más de 60 mil despojos acumulados en 15 años.

Saucedo señaló que el delito se ha presentado en distintas regiones del país y que, con el tiempo, los grupos criminales han encontrado en las propiedades despojadas una herramienta para fortalecer sus operaciones.

“Los primeros casos documentados de despojo se dieron entre los propios grupos criminales. Cuando un grupo criminal entra a un territorio rival y extermina, somete a un grupo contrario, normalmente se da la táctica de botín”, explicó Saucedo.

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Inmuebles despojados terminan como infraestructura criminal

Meneses Reyes advirtió que una de las principales preocupaciones es que los inmuebles arrebatados a sus propietarios terminen incorporados a la infraestructura de la delincuencia organizada.

“Una vez que las propiedades se toman están siendo muy rentables”, señaló, al explicar que en algunas regiones son utilizadas “como bodegas, como centros estratégicos para guardar un sin número de mercancías ilegales”.

Saucedo agregó que el despojo también puede apoyarse en redes de corrupción para darle una apariencia legal a las operaciones. Entre las prácticas identificadas se encuentran contratos de compraventa simulados y la intervención de notarios o abogados.

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“Los propietarios legítimos de los ranchos, de los locales comerciales, de las naves industriales firmaran como si hubieran recibido un pago por una supuesta venta que en realidad era un despojo de alguna propiedad”, detalló.

Sólo 1% llega a sentencia y 2% recupera su patrimonio

La impunidad constituye otro de los principales obstáculos para combatir este delito. De acuerdo con las cifras expuestas durante la entrevista, de los alrededor de 60 mil casos registrados en la Ciudad de México, apenas 7% tiene una persona detenida y sólo 1% llega a una sentencia.

Por otro lado, la recuperación de los inmuebles también es mínima, registrando apenas 2% de las víctimas habría logrado regresar a sus propiedades o recuperar su patrimonio.

“Estamos hablando de 60 mil delitos, solo en el 2% de esos casos las personas han logrado regresar a sus propiedades o retornar sus propiedades a su patrimonio”, señaló Meneses Reyes.

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Ante este panorama, los especialistas consideraron insuficiente una estrategia basada únicamente en aumentar las penas. Propusieron revisar los expedientes existentes, identificar qué casos continúan abiertos y determinar cuántas propiedades pueden ser recuperadas.

Así, el combate al despojo tendría que atender no sólo la pérdida del patrimonio de las víctimas, sino también el papel que estos inmuebles pueden desempeñar como activos e infraestructura de grupos criminales.

No hay menos homicidios, hay menos cuerpos

Al pedir un comentario final sobre el anuncio del gobierno, el cual destaca la disminución de los homicidios dolosos, los expertos consideraron que podría tener distintas explicaciones, entre ellas acuerdos entre grupos criminales, una mayor coordinación entre autoridades y posibles inconsistencias.

Saucedo planteó que en algunas regiones del país la reducción de los asesinatos podría estar relacionada con una especie de “paz pactada” entre organizaciones delictivas, mediante acuerdos para disminuir los enfrentamientos y mantener el control territorial.

A ello se sumó el fenómeno de las desapariciones, el cual señaló que los colectivos de búsqueda han advertido que una menor cantidad de cadáveres localizados no necesariamente significa que existan menos víctimas.

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“No es que haya menos homicidios, hay menos cadáveres, porque los cadáveres están siendo enterrados y ocultados en las así llamadas narcocasas”, afirmó.

Por otro lado, Meneses cuestionó las diferencias entre los registros oficiales de distintas instituciones. Indicó que las cifras del INEGI, los servicios médicos forenses y otros registros demográficos no siempre coinciden, por lo que consideró necesario revisar las causas de estas inconsistencias.

“Las muertes no coinciden en muchos casos y habría que preguntarnos por qué esas inconsistencias existen”, apuntó.

El investigador destacó además el incremento de las desapariciones como un elemento que debe considerarse al analizar la evolución de los homicidios.

“Cada vez hay más desapariciones, y eso significa cada vez menos cuerpos que contar”, sostuvo.

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