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En cuatro meses y medio de funciones, los nueve ministros de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no han destacado por sus resoluciones; sin embargo, sí lo han hecho por el dispendio de más de 23.1 millones de pesos en la compra de camionetas blindadas, togas fifís y la ceremonia indígena con la que tomaron protesta.
Mientras el pleno de la Corte se dividió en criterios por la discusión de un proyecto sobre si debían abordar de nuevo sentencias dictadas por las extintas Primera Sala y Segunda Sala, a través de recursos de revisión, los escándalos de compras han escalado.
De acuerdo con especialistas consultados por EL UNIVERSAL, una mayor y mejor transparencia en el Poder Judicial procuraría que estos escándalos no existieran, pero la manera en que se han dado a conocer —en medio de un discurso de mucha mayor austeridad y de críticas a sus predecesores— genera más dudas que certezas.
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“Da la impresión de que lo que se buscaba no era cambiar de prácticas, sino cambiar de manos. Para legitimar tanto la reforma como el trabajo de los nuevos jueces, se necesita cambiar mucho más que el diseño de la toga”, señaló Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana.
“Creo que lo que más irrita a la sociedad de la situación es la incongruencia, la hipocresía y que tratan de encontrar una explicación sólo porque los agarraron con las manos en las camionetas, de lo contrario, ¿estarían gozando con ellas?”, mencionó Marco Fernández, profesor e investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tec de Monterrey, así como de México Evalúa.
Uno por uno, los dineros
En la última semana se dio a conocer que los ministros del Máximo Tribunal del país recibieron nueve camionetas blindadas que tuvieron un costo, cada una, de 2.4 millones de pesos; sumadas dan un total de 21.6 millones de pesos.
Tras las críticas, este lunes el ministro presidente de la Corte, Hugo Aguilar Ortiz, dijo que los ministros no van a usar las nueve camionetas Grand Cherokee blindadas que se adquirieron y aseguró que la seguridad no implica lujo.
No sólo eso, hace unos días EL UNIVERSAL dio a conocer el costo que tuvo la ceremonia tradicional prehispánica con la que rindieron protesta a sus cargos frente “a los pueblos originarios”.
La ceremonia de “purificación” y entrega de bastón de mando, realizada en el Zócalo de la Ciudad de México el 1 de septiembre de 2025, costó un millón 254 mil pesos, de acuerdo con información obtenida vía transparencia por El Gran Diario de México.
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Según la respuesta, la Dirección General de Recursos Materiales de la Corte ordenó el pago a cinco proveedores por la renta de baños portátiles, equipo de audio, servicios de papelería e impresión, catering y el montaje del templete.
Este lunes también se difundieron las compras de 12 togas para los seis nuevos ministros de la Corte, una adjudicación directa hecha en julio, antes de que tomaran protesta en septiembre, con un costo de 300 mil pesos.
Los contratos AD/MIN/DGRM/ 085/2025 y AD/MIN/DGRM/ 084/2025 fueron entregados en adjudicación directa a Édgar Juan Hernández García, de la empresa Artphoto Togas, el primero por un monto de 134 mil 467 pesos y otro por 160 mil 80 pesos.
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Transparencia abierta, indispensable
Los especialistas consideraron que la indignación de la ciudadanía radica más en la falta de congruencia de los ministros en relación con lo que se prometió al impulsar la reforma al Poder Judicial, que llevó a la elección de las personas juzgadoras el pasado 1 de junio.
“Seguimos viviendo los efectos de una controvertida elección judicial que, de acuerdo con sus promoventes, buscaba controlar la corrupción en este poder del Estado. Aunque los escándalos abundan, aún están a tiempo de romper inercias. El pueblo de México, a quien invocan con frecuencia, está observando.
“Es indispensable una justicia más abierta, menos capturada por intereses particulares o de grupo, un Poder Judicial en el que todos como sociedad podamos confirmar que lo que realmente irritaba al grupo en el poder desde 2018 era el abuso y los privilegios”, consideró Eduardo Bohórquez.
“La transparencia es la mejor aliada para evitar el abuso del presupuesto, para poder evitar la discrecionalidad de las decisiones y para evitar el dicho de ‘no hagas cosas buenas que parezcan malas’. En ese sentido, la transparencia me parece que es algo fundamental.
“Lo segundo es que (...) la congruencia debe de venir de la mano con la transparencia, y es ahí donde inmediatamente sale la contradicción respecto a los miembros de la nueva Corte”, señaló Marco Fernández.
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