Tratado de extradición México-EU debe revisarse: Especialistas; caso Rocha Moya, sujeto a negociación política, afirman

Expertos en derecho internacional advirtieron que el tratado de extradición entre México y Estados Unidos es perfectible, pero en los términos actuales obliga a la entrega de las personas sin necesidad de presentar pruebas y con el simple hecho de pedirlas como parte de un proceso penal.

Al participar en el panel “Extradición contemporánea: eficacia penal y tutela de derechos”, en el marco del cincuentenario del Instituto Nacional de Ciencias Penales, Javier Dondé Matute y Raúl Iruegas Álvarez coincidieron en que en casos como el del gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, la decisión que tome el gobierno será política más que jurídica.

Además, advirtieron que el tratado de extradición abre la puerta para la violación de los derechos humanos al contemplar la posibilidad de que las personas sean privadas de su libertad hasta por 60 días antes de ser enviadas al país solicitante.

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Dondé Matute, doctor en derecho penal internacional, miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y perito de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), afirmó que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, “está muy bien asesorada”, y ha dado una buena respuesta, de cara a la comunicación política, a la solicitud de Estados Unidos, al decir que “es un tema de soberanía, nos tenemos que defender de las intromisiones de Estados Unidos, vamos a pedir pruebas, etcétera”.

Sin embargo, dejó entrever que en realidad, la mandataria federal está ganando tiempo con la intención de dar espacio a una negociación con el gobierno del presidente estadounidense Donald Trump.

“No sabemos qué esté pasando tras bambalinas. Se le prestó al gobernador con licencia una escolta para proteger su vida (…), no se le ha detenido formalmente, no está en un reclusorio, no tiene una especie de arraigo domiciliario, pero lo están siguiendo a todos lados. Ya también congelaron sus cuentas bancarias, lo cual también es otro indicio. Y por ahí estuvo circulando la acusación de Estados Unidos, la que formuló el gran jurado, y si nosotros leemos y hacemos un checklist de los requisitos para solicitar formalmente la extradición, que están en el tratado de extradición, pues ya se cumplen todos”, indicó.

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“Entonces, la pregunta es, ¿por qué no la ha solicitado Estados Unidos de manera formal, si ya tiene todos los elementos para hacerla. Entonces, yo creo que el discurso de la presidenta es acorde con lo que tiene que hacer, pero no sabemos qué está pasando tras bambalinas, donde a lo mejor, ya hay una especie de negociación. (…) También Estados Unidos tiene sus intereses, entonces, yo creo que también hay que tomar con cautela lo que se dice, y cómo esto puede no encajar con lo que realmente están haciendo”, resaltó.

Por su parte, Iruarte Álvarez, doctor en derecho penal, licenciado en derecho con especialidad en relaciones internacionales y maestro en litigación en juicios orales, subrayó que el caso Rocha Moya está supeditado a una decisión de carácter político, pero habría que revisar si el gobernador con licencia podría acudir al amparo.

Además, coincidió en que tratado de extradición México-Estados Unidos debe revisarse, porque implica la violación a los derechos humanos.

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