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Un juez dictó sentencia de 2 años 7 meses y 15 días de cárcel, así como la reparación del daño por más de 33 millones de pesos contra Javier Sánchez de la Barquera, exencargado de la Dirección General de la Administración Portuaria Integral de Manzanillo (APIMAN) , por el delito de corrupción de ejercicio ilícito de servicio público.
Asimismo, el juzgador le impuso a Sánchez de la Barquera pedir una disculpa pública y lo inhabilitó por un plazo de 11 años tres meses para ejercer un empleo, cargo o comisión público, multa económica, amonestación, así como suspensión de derechos políticos y civiles.
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En diciembre de 2017, el sentenciado celebró un convenio judicial en un juicio civil promovido ante el Juzgado Primero Mixto Familiar y Civil en Manzanillo, Colonia, notoriamente desproporcional a los intereses de la Administración Portuaria Integral (API), informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Dicho convenio provocó un detrimento patrimonial a la API de 33 millones 640 mil pesos, más una cláusula penal por otros 56 millones de pesos para en caso de incumplimiento, por concepto de rentas de una parcela utilizada para las operaciones de la Administración Portuaria , a pesar de que no existía una sentencia que así lo determinara, aunado a la falta de legitimación de los reclamantes al no haberse pactado un arrendamiento previamente.
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