Senado alerta por crisis de despojos en CDMX; estudio del PRI advierte que hay más de 25 mil denuncias en los últimos 6 años

Un estudio del Senado de la República advirtió que el crecimiento de las denuncias por despojo en el país y principalmente en la Ciudad de México se ha convertido en una de las principales amenazas al patrimonio de miles de familias mexicanas, ante la incapacidad de las autoridades para contener un delito que se encuentra fuera de control en diversas regiones del país.

Se advierte que miles de ciudadanos están perdiendo viviendas, terrenos y propiedades sin que exista una respuesta efectiva por parte de las instituciones encargadas de garantizar la protección del patrimonio de las familias mexicanas.

El informe de la bancada del PRI que presentará un exhorto al Gobierno de la Ciudad de México alertó que el fenómeno ha alcanzado dimensiones preocupantes y que las cifras reflejan una grave crisis de procuración e impartición de justicia.

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Senado de la República. Foto: Graciela López / CUARTOSCURO

“Tan sólo en la Ciudad de México se acumularon más de 25 mil denuncias por despojo entre 2020 y abril de 2026, mientras que apenas se reportaron 463 detenciones relacionadas con este delito. Los datos revelan una realidad alarmante: la impunidad supera el 98 por ciento de los casos denunciados”.

Manuel Añorve, coordinador del PRI explicó que uno de los casos más emblemáticos es el de República de Cuba 11 y 12, en pleno Centro Histórico de la Ciudad de México. A casi un año del desalojo de más de 70 personas, las familias afectadas continúan exigiendo justicia y una solución definitiva.

El conflicto se ha convertido en símbolo de una problemática que se repite en distintos puntos de la capital: denuncias, procesos legales interminables y víctimas que pasan meses o incluso años esperando una respuesta institucional.

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Además del impacto sobre quienes perdieron sus hogares, el caso ha provocado afectaciones económicas y sociales en una de las zonas más importantes de la ciudad. Comercios afectados, disminución de la actividad económica, deterioro urbano y una creciente percepción de inseguridad forman parte de las consecuencias de un conflicto que permanece sin resolver.

Para los legisladores, estas cifras demuestran que el problema dejó de ser un conjunto de casos aislados para convertirse en un fenómeno estructural que afecta a miles de ciudadanos. La pérdida del patrimonio familiar, la invasión de inmuebles, los litigios prolongados y la falta de resultados judiciales han generado una creciente percepción de indefensión entre quienes recurren a las autoridades en busca de protección.

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