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El pasado viernes 27 de marzo, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley para proteger a la empresa Vulcan Materials, a la que acusa de haber sido afectada por el autoridades mexicanas.
Legisladores estadounidenses señalan que México emprendió una “campaña coordinada” contra la empresa, luego de que sus operaciones en Quintana Roo fueran detenidas y sus terrenos declarados Área Natural Protegida durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Ante esto, la nueva legislación busca proteger las inversiones estadounidenses en el extranjero y establecer consecuencias contra países que, según Washington, violen acuerdos comerciales o afecten propiedades de sus empresas.
Los congresistas afirman que durante años intentaron resolver el conflicto por la vía diplomática sin éxito, por lo que ahora optaron por medidas más firmes para defender sus intereses económicos.
Ante las declaraciones, la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat), precisó la situación que involucra a la empresa estadounidense.
Aclara que no existe una expropiación ni confiscación de activos de la empresa, así como tampoco de la del predio, el cual sigue siendo propiedad de Vulcan Materials.
Establecen que las medidas adoptadas corresponden a la restricción de actividades extractivas derivadas de la declaratoria de Área Natural Protegida "Felipe Carrillo Puerto".
Reiteró que el Gobierno de México mantiene un diálogo abierto con la empresa para dar soluciones que brinden certeza jurídica y garanticen la protección ambiental.
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