Segundo Informe de Sheinbaum presenta avances en política de cero corrupción; destaca 4 mil sanciones a funcionarios
El documento destaca que durante este periodo también se publicó el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno
En el documento del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, presentado ante el Congreso de la Unión, el gobierno federal reportó avances en su política de “cero tolerancia a la corrupción”, con la emisión de 14 mil 117 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y sanciones contra 4 mil 193 personas servidoras públicas.
De acuerdo con el informe, del total de servidores públicos sancionados, 15.9% correspondió a faltas administrativas graves, mientras que también fueron sancionadas 132 empresas proveedoras del gobierno federal, de las cuales 99 resultaron inhabilitadas.
El gobierno de Sheinbaum señaló que estas acciones forman parte de una estrategia para combatir la corrupción y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas, además de robustecer el modelo de fiscalización preventiva para vigilar el uso de los recursos del erario.
El documento destaca que durante este periodo también se publicó el Código de Ética e Integridad para un Buen Gobierno de la Administración Pública Federal, presentado como un instrumento para fortalecer los principios que deben regir el servicio público y eliminar prácticas y privilegios asociados con administraciones anteriores.
“El compromiso irrenunciable con la honestidad” es presentado en el informe como uno de los pilares que distinguen a la actual administración, al considerar que el combate a la corrupción no sólo representa una política de sanción, sino una herramienta para recuperar la confianza de la población en sus instituciones.
El gobierno federal sostiene que esta política también está relacionada con la disciplina en el manejo de las finanzas públicas y con la vigilancia del gasto gubernamental, bajo el principio de que los recursos públicos pertenecen a la sociedad.
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En este sentido, el informe destaca la participación ciudadana mediante los comités de Contraloría Social, mecanismos encargados de supervisar el ejercicio de recursos destinados a programas federales.
De acuerdo con el documento, se consolidaron 126 mil comités de Contraloría Social, integrados por más de 405 mil personas beneficiarias, en su mayoría mujeres.
Estos comités tienen bajo su vigilancia el ejercicio de más de 49 mil millones de pesos destinados a programas federales.
El gobierno federal plantea que la participación directa de los beneficiarios en la supervisión del gasto permite fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y prevenir posibles actos de corrupción en la aplicación de los recursos públicos.
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