Sancionarán la violencia política de género

Por unanimidad, la Cámara de Diputados avaló ayer una reforma histórica para tipificar y sancionar la violencia política de género, además de armonizar las leyes en materia de paridad.

Se trata de cambios propuestos hace una década y que prosperaron a través de un paquete de reformas a siete leyes.

Ahora podrán ser sancionados con multas, medidas resarcitorias o en su caso cárcel, los responsables del delito de violencia política en razón de género y se incluyeron medidas de prevención.

Quedó tipificado como la acción u omisión basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada que limite, anule o menoscabe “el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo”, el desarrollo de la función pública o la toma de decisiones.

Esa violencia podrá presentarse con cualquier tipo de ridiculización, bromas hirientes, agresiones verbales, restricción al uso de la palabra, obstaculización en el trabajo, hostigamiento, coacción, acoso u hostigamiento sexual, amenazas, presión para que solicite licencia o renuncie a candidaturas o cargos.

La semana pasada, el pleno tipificó la violencia política de género como delito electoral, que podría cometerse dentro de procesos electorales y es sancionable penalmente.

Ayer, con 419 votos se estableció que se entenderá por ese tipo de violencia la que se ejerza durante campañas y contra candidatas, pero también durante el ejercicio de un cargo, por ejemplo, la que afecta a alcaldes, consejeras, magistradas, lideresas políticas o sindicales.

Además se armonizaron otras leyes, entre ellas, las electorales y del Poder Judicial, para hacer obligatoria la paridad en la integración de sus órganos, y ampliarla, en el caso de los municipios, para las planillas (sindicaturas y regidurías) e incluso la designación directa de cargos.

Se facultó al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los Organismos Públicos Electorales Locales (OPL) para velar por su aplicación, por lo que los partidos podrán perder el registro de candidatos si no cumplen con la paridad.

Se monitorearán las coberturas de las campañas con perspectiva de género para detectar y sancionar violencia. A los particulares que en la comisión de delitos electorales incurran en ese tipo de violencia se les impondrá de seis meses a dos años de prisión.

La presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Wendy Briceño (Morena), aseguró: “La justicia que queremos y merecemos no es obtener el cargo público sin competir, es competir sin temor, sin violencia”.