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Candados para evitar el chapulineo y la sobrerepresentación, reparto igualitario de prerrogativas entre partidos, autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE), así como estrategias para garantizar “cancha pareja” y evitar la intromisión del crimen organizado en los procesos electorales, es parte de la iniciativa ciudadana en materia electoral presentada por el colectivo Salvemos México.
La propuesta, en poder de EL UNIVERSAL, cumplió con los requisitos de la ley al ser respaldada por más de 136 mil ciudadanos (0.13 % de la Lista Nominal de Electores), y validado por el INE, motivo por el que este miércoles se dará como formalmente recibida por la Comisión Permanente.
“Las y los ciudadanos no queremos elecciones que rompan con la integridad electoral y que trastoquen el derecho al voto libre. Queremos que nuestro voto cuente y se respete; queremos seguir siendo los actores fundamentales de una democracia liberal, y queremos seguir siendo los que elijamos al gobierno”, señala el proyecto.
La iniciativa recuerda que en los últimos años se han lanzado diversos ataques al INE, desde propuestas de reformas constitucionales hasta disminuciones en su presupuesto, por lo que plantea precisar en el artículo 41 constitucional que “el INE debe mantener una estructura nacional y territorial, con presencia activa en cada distrito uno de los 300 distritos electorales”
De igual forma, establece que “no puede haber disminución frente al ejercicio inmediatamente anterior” en el presupuesto del INE; asimismo, que los consejeros sean designados mediante voto de las tres cuartas partes de la Cámara de Diputados
En materia de “cancha pareja”, denuncia que las recientes elecciones “mostraron claras ventajas presupuestales y comunicacionales, que repercutieron en la equidad en la contienda”, motivo por el que se propone que el financiamiento se reparta de forma igualitaria entre todos los partidos, eliminando la porción proporcional vinculada a votos.
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“De este modo, se pretende evitar que partidos con mayor votación monopolicen también recursos para capacitación, mientras que fuerzas pequeñas queden excluidas de esos espacios estratégicos”, señala el proyecto.
De igual forma, que el tiempo oficial de difusión electoral se distribuya en partes iguales entre todos los partidos, “eliminando criterios proporcionales que benefician a agrupaciones más grandes o gobernantes”.
Se propone prohibir a las autoridades y entes públicos utilizar medios de comunicación estatales -radio/TV públicos, portales oficiales, redes sociales institucionales- para favorecer o perjudicar a partidos y candidaturas.
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Para cerrar espacios a la opacidad y el rebase de topes, se propone una plataforma pública de denuncias que permita a la ciudadanía reportar, en tiempo real, gastos derivados de propaganda física o digital.
Se prohíbe condicionar la entrega de programas sociales a cambio del voto, asistencia a mítines o apoyo político.
No al "chapulineo" ni intromisión del narco
En la iniciativa, también se busca evitar la intromisión de organizaciones criminales en procesos electorales, por lo que se establece una causal de nulidad que, declare la nulidad de la elección cuando se pruebe incidencia del crimen organizado, ya sea a través de financiamiento, coacción a electores, robo o quema de paquetes, “y cualquier otro acto perpetuado por el crimen organizado que busque alterar la contienda”.
Asimismo, promueve el “no al chapulineo”, motivo por el que se propone lo siguiente: “sustitución por suplente si la renuncia al partido ocurre en el primer año; estatuto de independiente si ocurre en el segundo; e incorporación a nueva bancada sólo a partir del tercer año.
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Finalmente, para evitar la sobrerrepresentación se establece que, el límite de 300 diputaciones por ambos principios previsto en la fracción IV del artículo 54, se aplique también cuando un partido haya competido en coalición en más del 50% de los distritos, y que ningún partido o coalición pueda exceder en más de un punto su porcentaje de votación total.
De igual manera, para evitar inflación de representación electoral a partidos que, en realidad obtuvieron pocos votos, la iniciativa prohíbe que los convenios de coalición contengan cláusulas (explícitas o implícitas) para "repartir" plurinominales o para inducir posteriores cambios de bancada con ese fin.
La iniciativa fue recibida este miércoles en la Comisión Permanente, y turnada a comisiones para su análisis y discusión.
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