PRI presenta reforma para agilizar cédula profesional digital; busca combatir falsificación documental
Los priistas destacaron que la iniciativa fortalece la certeza jurídica y facilita la verificación de credenciales académicas
La bancada del PRI en la Comisión Permanente del Congreso presentó una iniciativa para modernizar el sistema de registro profesional en México y garantizar que quienes obtuvieron sus títulos, diplomas o grados académicos antes de la digitalización accedan a una cédula profesional electrónica mediante procedimientos claros, permanentes y verificables.
Se argumenta que, aunque desde 2018 el registro de títulos y la expedición de cédulas avanzaron hacia esquemas electrónicos, miles de profesionistas aún enfrentan dificultades para incorporarse a estos sistemas debido a la emisión de sus documentos en formato físico. Advirtieron que esta situación genera desigualdad entre generaciones y limita oportunidades laborales, académicas y de movilidad profesional.
La iniciativa plantea adicionar los artículos 23 Bis y 25 Bis a la Ley Reglamentaria del Artículo 5° Constitucional para obligar a la Dirección General de Profesiones al establecimiento de un procedimiento permanente de integración, validación, digitalización y registro electrónico de títulos profesionales, diplomas de especialidad y grados académicos expedidos antes de la implementación de los sistemas digitales.
Asimismo, establece que la ausencia de un archivo electrónico original no constituirá causa suficiente para negar el registro o la expedición de una cédula profesional electrónica, siempre que la persona interesada acredite de manera fehaciente la autenticidad y validez de sus estudios mediante registros oficiales, archivos históricos, copias certificadas o constancias institucionales.
Destacaron que la iniciativa fortalece la certeza jurídica, facilita la verificación de credenciales académicas y contribuye al combate contra la falsificación documental. Además, incorpora mecanismos de validación y colaboración entre instituciones educativas y autoridades competentes para garantizar la autenticidad de los documentos y prevenir irregularidades.
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