Política

Dan ultimátum por llamadas anti AMLO

TEPJF exige datos de las líneas telefónicas usadas; radiomóvil y AT&T tienen 72 horas para informar

Magistrados ordenaron a Radiomóvil DIPSA y AT&T dar el nombre y domicilio de los titulares de las líneas telefónicas desde las que se hicieron llamadas con apariencia de encuestas en campaña. (CORTESÍA TEPJF)
26/07/2018 |01:03Carina García |
Redacción El Universal
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Por unanimidad, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emplazó a Radiomóvil DIPSA y AT&T a entregar, en máximo 72 horas, datos para resolver las quejas por las miles de llamadas telefónicas con apariencia de encuestas que durante las campañas se realizaron en contra del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

Las firmas deberán entregar a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral (UTCE) del Instituto Nacional Electoral (INE) el nombre y el domicilio de los titulares de las líneas desde las cuales se hicieron las llamadas, que fueron denunciadas por Morena por afectar la equidad en la contienda.

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En sesión pública, los magistrados ordenaron que se entregue esa información al INE en 72 horas, pues no se afecta ningún dato personal ni implica ninguna violación a la confidencialidad de comunicaciones o intervención telefónica, caso para el que sí se requeriría una orden judicial.

Las empresas habían sido multadas por el INE con 250 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, 20 mil 150 pesos, pues pese a ser requeridas por la UTCE hasta en tres ocasiones para que entregaran información, éstas se negaron a hacerlo.

Sin embargo, por unanimidad —con la excusa de participar en el caso del magistrado José Luis Vargas Valdés, por ser cuñado del apoderado legal de una de las firmas involucradas— los magistrados revocaron las multas que habían sido impuestas y eximieron de su pago “de manera excepcional y por única vez”.

El magistrado ponente del caso, Indalfer Infante Gonzáles, reconoció que “es claro que sólo se requirió nombre y domicilio de los titulares de líneas telefónicas”, y en ningún momento el INE les solicitó “el contenido o datos de tráfico de ningún proceso comunicativo”, como argumentaron al negarse a responder al INE por considerar que se les pedía intervención de llamadas.

Sin embargo, la negativa de las firmas a dar información “no fue por un abierto desacato, sino la creencia de que al cumplir pudieran incurrir en una infracción mayor”, dijo.

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