Personas juzgadores denuncian "deterioro de independencia judicial en México" ante la CIDH; acusan presión institucional

Durante la audiencia “Situación de las personas operadoras de justicia” en el 195 Periodo de Sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organizaciones de personas juzgadoras advirtieron sobre el deterioro de la independencia judicial en México y denunciaron hostigamiento, instrumentalización del sistema penal, así como desestabilización de la carrera judicial.

En ese sentido, Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, acusó que se han abierto carpetas de investigación en la Fiscalía General de la República (FGR) contra personas juzgadoras por el sentido de sus decisiones.

Adicionalmente, denunció que la estabilidad de la carrera judicial se ha visto afectada, “porque la permanencia o salida de cientos de personas juzgadoras dejó de depender del mérito y de criterios objetivos y pasó a determinarse por criterios aleatorios como el azar”.

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Añadió que los juzgadores de carrera han enfrentado un menoscabo sistemático de condiciones laborales, como intimidaciones, presiones institucionales y sanciones encubiertas.

“Este ambiente desalienta el juicio independiente y premia la obediencia. Ha forzado a colegas a separarse del cargo”, dijo.

Aunado a ello, sostuvo que se han suscitado cambios de adscripción ordenados por órganos sin competencia, “sin derecho a audiencia, posibilidad de impugnación, análisis de riesgo y sin medidas de protección”.

“Se trata de reubicaciones forzadas e ilegales hacia regiones con altos niveles de violencia, que no sólo ponen en peligro nuestra vida, sino que condicionan el contenido de las resoluciones”, expresó.

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Por otro lado, aseveró que el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) opera sin salvaguardas suficientes de independencia y criticó que la aplicación selectiva de medidas disciplinarias genere presiones y miedo al decidir.

Agregó que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) ha otorgado trato diferenciado a jueces selectos y jueces de carrera, “a los primeros se les conceden permisos con facilidad, incluso para eventos públicos como informes de labores; a los segundos se les niegan médicas o urgentes aún solicitadas sin goce de sueldo. El mensaje es inequívoco: doblegar o provocar la renuncia”.

Molina también acusó que más de 150 juzgadores retirados aún no han recibido el pago previsto en la reforma judicial, “pese a que tienen impedimentos legales para ejercer como abogados. Esta falta de pago también es castigo”.

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Ante ello, solicitó a la CIDH dar seguimiento reforzado a la situación de independencia judicial en México; instar al Estado mexicano a adoptar medidas urgentes que garanticen la seguridad de las personas juzgadoras y sus familias; y vigilar el uso del nuevo régimen disciplinario y administrativo conforme a los estándares interamericanos.

Además, llamó a los países presentes en la audiencia a no permitir que el modelo se replique, “mi país ofrece un ejemplo preocupante en la región. Defender la independencia judicial hoy es defender los derechos de quienes más necesitan justicia mañana”.

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