Paro de CNTE pone en jaque a niños de primaria; pega a 1.4 millones

A menos de un mes de que concluya el ciclo escolar 2025-2026, la falta de acuerdos entre el gobierno federal y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) mantiene en riesgo la conclusión de cursos para un millón 390 mil 673 estudiantes de educación básica en el país, afectados por el paro indefinido y las movilizaciones que el magisterio disidente sostiene desde el pasado 1 de junio.

Según cifras de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con corte al 5 de junio, Oaxaca encabeza la lista de estados con el mayor número de planteles afectados, con 10 mil 653 escuelas cerradas, equivalentes a 80.61% de sus centros educativos públicos. Le siguen Chiapas, con 2 mil 392 escuelas; Zacatecas, con 2 mil 81; Guerrero, con mil 380, y Michoacán, con 767.

Los datos oficiales indican además que 88 mil 106 docentes participan en las movilizaciones tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Michoacán y Zacatecas, donde la CNTE mantiene su mayor presencia organizativa.

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En términos de matrícula, Oaxaca concentra la mayor afectación con 734 mil 54 alumnos sin clases, seguido de Chiapas, con 261 mil 414; Zacatecas, con 217 mil 375; Guerrero, con 117 mil 495, y Michoacán, con 54 mil 106.

A nivel nacional, el paro impacta a 8.49% de las escuelas públicas del país, cuando faltan pocas semanas para el cierre del ciclo escolar.

Para Horacio Martínez, académico del Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación José María Morelos, el problema no se limita a una disputa laboral entre el gobierno y el magisterio, sino que involucra directamente la garantía del derecho a la educación de cientos de miles de niños y adolescentes.

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El especialista sostiene que los desacuerdos y la falta de voluntad política de las partes para construir una salida negociada mantienen en incertidumbre el cierre del ciclo escolar, particularmente porque no existe una estrategia pública para atender el aprendizaje pérdido durante el conflicto.

“Hasta ahora ni la autoridad educativa ni la CNTE han explicado cómo se va a enfrentar el impacto pedagógico de varias semanas sin clases. Ese tema necesariamente tendrá que formar parte de las negociaciones”, advierte.

Martínez recuerda que de acuerdo con el marco normativo nacional e internacional, la obligación principal de garantizar el derecho a la educación corresponde al Estado mexicano.

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Comenta que durante los primeros 10 días de paro se dilapidaron alrededor de 586 millones de pesos en nómina, monto equivalente a 150% de los recursos destinados este año por el gobierno federal a la formación continua y actualización de los docentes del país.

Si el movimiento se prolonga una tercera semana en las mismas condiciones, estima que el costo podría superar 879 millones de pesos, recursos destinados a un servicio educativo que actualmente no se presta en miles de escuelas.

Dice que el conflicto amenaza con profundizar los rezagos educativos en estados que históricamente presentan los indicadores más bajos de escolaridad y mayores niveles de pobreza educativa, como Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán.

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También identifica riesgos relacionados con la simulación educativa, la emisión de evaluaciones sin evidencia suficiente de aprendizaje y la posibilidad de que se generen procesos administrativos desvinculados del desempeño real de los estudiantes.

Sin embargo, docentes en activo consideran que el cierre administrativo del ciclo escolar no necesariamente está comprometido.

Juan Martín Pérez, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe, señala que el conflicto entre el gobierno federal y la CNTE obliga a distinguir con claridad las responsabilidades de cada actor.

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Explica que según el marco legal vigente la obligación de garantizar el derecho a la educación corresponde al Estado mexicano, mientras que el sindicato mantiene una responsabilidad compartida en la protección de los derechos de niños y adolescentes afectados por la suspensión de clases.

Considera que el debate público no debe reducirse a una confrontación entre autoridades y maestros ni utilizar el interés superior de la niñez como un mecanismo de presión política. Sostiene que cuando se habla de afectaciones al derecho a la educación la responsabilidad principal recae en las instituciones del Estado encargadas de garantizar la prestación del servicio educativo y de construir soluciones frente a los conflictos que impactan a la comunidad escolar.

Pérez considera preocupante que pese a que más de 1.3 millones de estudiantes enfrentan afectaciones derivadas del paro, hasta ahora no se conocen propuestas específicas dentro de las mesas de negociación para atender las consecuencias académicas del cierre de escuelas.

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A su juicio, el reto consiste en evitar que niños y adolescentes se conviertan en elemento de disputa entre las partes y asegurar que sus necesidades educativas formen parte de la solución que eventualmente surja de las negociaciones.

Carmen Sánchez, maestra de sexto grado de primaria en Michoacán, explica que la SEP solicita desde semanas antes del cierre oficial del calendario escolar las calificaciones finales, estadísticas y documentación necesaria para concluir formalmente el ciclo.

Detalla que en su entidad los reportes y evaluaciones finales fueron entregados desde finales de mayo, por lo que las escuelas tienen prácticamente concluido el proceso administrativo, aun cuando las actividades académicas continúan oficialmente hasta julio.

Sostiene que la entrega de boletas, certificados, actas de evaluación y demás documentación oficial podría realizarse en tiempo y forma debido a que estos procesos se preparan con anticipación y representan una de las principales preocupaciones de madres y padres de familia.

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