PAN presenta iniciativa para agilizar investigación por nexos con el crimen; va por eliminar juicio de desafuero

La bancada del PAN en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una iniciativa de reforma constitucional con el fin de agilizar las investigaciones y eliminar el juicio de desafuero en caso gobernadores, cuando existan indicios fundados o imputaciones formales de crimen organizado y delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico.

En la Gaceta Parlamentaria se publicó la iniciativa que establece también que se pueda proceder de forma penal contra de titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, sin necesidad de declaración de procedencia, así como establecer su separación temporal del cargo una vez vinculados a proceso.

Marcelo de Jesús Torres Cofiño, diputado federal del Partido Acción Nacional, en la iniciativa argumenta que se busca con ello evitar un uso faccioso o político de la Fiscalía General de la República (FGR) y que el Estado actúe con rapidez, legalidad, objetividad y sin interferencias políticas a través de investigaciones, garantizando en todo momento el respeto a los derechos fundamentales.

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“Se propone establecer la obligación constitucional de iniciar investigaciones cuando existan indicios fundados o imputaciones formales por delitos de delincuencia organizada”.

Activación inmediata de investigación por la FGR

Además, la eliminación de obstáculos procesales en casos graves. Se plantea permitir que, en supuestos específicos, se pueda proceder penalmente contra gobernadores sin necesidad de declaración de procedencia o juicio de desafuero, así como establecer su separación temporal del cargo una vez vinculados a proceso.

La reforma al artículo 108 constitucional expone que cuando existan indicios fundados o imputación formal por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos contra la salud en su modalidad de narcotráfico, en contra de las personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, se activará de manera inmediata un procedimiento de investigación a cargo de la Fiscalía General de la República”.

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“Tratándose de personas titulares de los poderes ejecutivos de las entidades federativas, cuando exista imputación formal por la probable comisión de delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita o delitos contra la salud, o cuando medie solicitud formal de cooperación internacional en materia penal por dichos delitos, se podrá proceder penalmente sin necesidad de declaración de procedencia”.

En estos casos, el servidor público será separado temporalmente del cargo a partir del auto de vinculación a proceso para garantizar la imparcialidad de las investigaciones.

Ejemplifica con caso Rocha Moya

La iniciativa refiere que en los últimos años, diferentes señalamientos derivados de investigaciones judiciales internacionales, particularmente en los Estados Unidos, así como reportes periodísticos de alto impacto, han puesto de manifiesto la vulnerabilidad del Estado mexicano frente a posibles esquemas de colusión entre autoridades y organizaciones delictivas.

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“Casos recientes, entre los que destacan los señalamientos vinculados al titular del Poder Ejecutivo del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como menciones de otros funcionarios en investigaciones del Departamento de Justicia de EU, evidencian que, con independencia de la veracidad o desenlace de cada imputación, el problema central radica en la ausencia de mecanismos institucionales que permitan al Estado mexicano actuar de manera inmediata, objetiva y sin interferencias políticas”, concluye.

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