Las imágenes que llegan de Canadá muestran un paisaje cada vez más frecuente: millones de hectáreas consumidas por el fuego, ciudades cubiertas por densas columnas de humo y miles de personas obligadas a abandonar sus hogares, lo que obliga a pensar que aquello que hace algunos años era considerado un fenómeno estacional, hoy se convierte en una emergencia recurrente, con repercusiones que trascienden las fronteras canadienses y advierten los peligros del cambio climático.

El aumento de las temperaturas, las prolongadas sequías, la reducción de la humedad del suelo y los fuertes vientos, crean condiciones cada vez más propicias para que cualquier chispa, provocada por la naturaleza o la actividad humana, se transforme en un incendio de dimensiones extraordinarias.

Las consecuencias ambientales son irreparables: cada incendio destruye animales, sus hábitats, altera el equilibrio ecológico y genera la pérdida de biodiversidad. Paradójicamente, los bosques que funcionan como captadores de dióxido de carbono se convierten en grandes emisores de gases de efecto invernadero cuando arden, liberando en pocos días el carbono almacenado durante décadas, lo que alimenta un círculo vicioso: el cambio climático favorece incendios más intensos y éstos, a su vez, incrementan el calentamiento global.

Como hemos visto, las enormes columnas de humo se desplazan miles de kilómetros impulsadas por las corrientes atmosféricas, deteriorando la calidad del aire en regiones alejadas del fenómeno, afectando la salud respiratoria, incrementando los riesgos cardiovasculares y generando impactos económicos derivados de la atención médica, la interrupción de actividades productivas y la pérdida de infraestructura forestal.

Crisis de esta naturaleza obligan a los Estados a replantearse los compromisos ambientales adquiridos en instrumentos internacionales como la Declaración de Estocolmo de 1972 y la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo de 1992, que definieron los principios para la protección del planeta. Recientemente, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció el derecho humano a un medio ambiente limpio, saludable y sostenible, reforzando la idea de que la protección ambiental debe convertirse en una exigencia vinculada con la dignidad humana. Si bien ningún tratado puede impedir por sí solo la ocurrencia de un incendio forestal, sí obliga adoptar políticas públicas eficaces de prevención, manejo sustentable de los bosques, monitoreo científico y respuesta oportuna ante emergencias.

Los incendios que hoy consumen extensas regiones de Canadá, más que una catástrofe ambiental, son la advertencia de que el cambio climático no constituye una amenaza futura, sino una realidad cuyos efectos repercuten en la economía, la biodiversidad, la salud pública y la vigencia efectiva de los derechos humanos, por lo que la protección del medio ambiente ha dejado de ser un ideal para convertirse en una obligación de todas y todos que exige acciones inmediatas antes de que las consecuencias sean irreversibles. Es tiempo de mujeres.

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