Una jueza federal ordenó al director del penal del Altiplano realizar una valoración médica inmediata y suministrar medicamentos a Aldrin Miguel Jarquin, “El Chaparrito”, exlugarteniente del capo Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en Colima, quien se quejó de la falta de atención médica especializada y de actos de aislamiento y segregación durante su reclusión.
Raquel Ivette Duarte Cedillo, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con residencia en Toluca, concedió al “Chaparrito” la suspensión de plano y de oficio por la falta de atención médica, luego de que éste tramitara un amparo.
El 30 de enero pasado, Aldrin Miguel Jarquin solicitó la protección de la justicia porque alegó ante la jueza Duarte Cedillo que necesita atención médica urgente, la cual se le ha evitado al interior del penal de máxima seguridad.

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“La autoridad penitenciaria nos tiene aislados, segregados y evita darnos atención médica, la ocupamos urgentemente, es una manera de tortura tanto física y psicológica que el penal antes mencionado está realizando a nuestra persona, también la negativa del penal a notificarnos cualquier cosa que pase en nuestro proceso judicial”, acusó.
En consecuencia, la jueza Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, señaló que lo procedente es conceder la suspensión de plano para que la autoridad penitenciaria, en el ámbito de su competencia, ordene la realización de una valoración médica de manera inmediata a “El Chaparrito”.
“Hecho lo anterior garantice que se les suministren los medicamentos que requieran, de acuerdo a su estado de salud actual y expediente clínico que se lleva en el centro de reclusión en que se encuentra en dicha institución carcelaria a fin de salvaguardar su vida y salud, pues de no hacerlo se les causaría daños y perjuicios de imposible reparación”, indicó.
Aldrin Miguel Jarquin, “El Chaparrito”, fue recapturado en Mérida, Yucatán, en agosto de 2024, por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), y posteriormente un juez federal lo vinculó a proceso por los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud, y operaciones con recursos de procedencia ilícita en la modalidad de posesión de recursos dentro del territorio nacional.
Desde entonces se encuentra preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano, con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México.
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