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La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que no deben minimizarse las afirmaciones del director de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) Terrance Cole, en el sentido de que los cárteles del narcotráfico y el gobierno mexicano tienen una conexión estrecha e inseparable.
En declaraciones a los medios de comunicación, la legisladora panista señaló que corresponde a las instituciones mexicanas responder con hechos, por lo que se deben realizar investigaciones serias e independientes, presentar resultados comprobables y actuar con absoluta transparencia.
“México debe demostrar que ninguna autoridad está por encima de la ley, que no hay tolerancia, protección ni impunidad frente a posibles vínculos entre servidores públicos y organizaciones criminales”, sostuvo.
Kenia López Rabadán subrayó que la respuesta del gobierno de México no debe limitarse a rechazar las declaraciones del director de la DEA ni a atribuirlas únicamente a motivaciones políticas.
“Las palabras de Terry Cole, director de la DEA, no deben minimizarse. Ha afirmado que existe una conexión mortal entre las redes de los cárteles y el gobierno, y ha llegado a señalar que ambos son la misma cosa. Se trata de una acusación de enorme gravedad que no puede aceptarse sin pruebas, pero que tampoco debe ser minimizado. Obliga a las instituciones mexicanas a actuar con responsabilidad y a demostrar con investigaciones firmes cuando haya señalamientos sobre posibles vínculos entre organizaciones criminales y personas que ejercen el poder público en nuestro país”, enfatizó.
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La presidenta de la Cámara de Diputados destacó que hoy existen en México dos casos que exigen especial atención: Baja California y Sinaloa.
“No podemos afirmar sin una sentencia o prueba suficiente que las personas señaladas sean cómplices de organizaciones criminales, pero tampoco podemos descartar esa posibilidad únicamente mediante declaraciones políticas. Si las investigaciones acreditan que algún funcionario de cualquier partido, gobierno o nivel de responsabilidad tiene vínculos, brinda protección o utiliza recursos públicos al servicio de una organización criminal, esa relación debe terminarse de inmediato y ser sancionada con todo el peso de la ley.
“No puede haber encubrimiento, protección política ni cálculos partidistas. Las afirmaciones del director de la DEA se producen en un contexto de acusaciones judiciales, señalamientos públicos, testimonios, decisiones administrativas y conversaciones divulgadas que deben ser esclarecidos, sin prejuzgar, pero también sin evasión”, concluyó.
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