México debe corregir lineamientos de las audiencias: Human Rights; éticas no pueden ser dictadas por el Estado, dice

Human Rights Watch advirtió que los lineamientos propuestos por el gobierno de México sobre los derechos de las audiencias podrían representar una amenaza para la libertad de expresión a los medios de comunicación independientes.

La organización señaló que el pasado 28 de julio el gobierno presentó un proyecto de reglamento que otorgaría a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones amplias facultades para supervisar y sancionar a medios que, a criterio de la autoridad, difundan información “falsa”, “descontextualizada” o “desactualizada”.

De aprobarse la propuesta, la Comisión podría revocar decisiones de los defensores de las audiencias y aplicar multas de hasta 1% de los ingresos acumulables anuales de los medios de comunicación cuando determine que incurrieron en alguna de esas conductas.

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“La veracidad es un pilar fundamental del periodismo responsable, pero el gobierno no debería ser quien decida si los medios de comunicación están haciendo bien su trabajo”, señaló Jorge Peniche, investigador de HRW.

El organismo internacional pidió al gobierno mexicano revisar los lineamientos para garantizar que no afecten la libertad de expresión ni el trabajo de los medios independientes.

Advierten riesgos por dependencia del organismo

Human Rights Watch cuestionó además la independencia de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, debido a que opera bajo la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, dependencia que tiene rango de secretaría de Estado y forma parte del Poder Ejecutivo.

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La organización recordó que México es parte del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos que reconocen el derecho de las personas a buscar, recibir y difundir información e ideas.

Asimismo, citó la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que establece que imponer condiciones previas relacionadas con la veracidad, oportunidad o imparcialidad de la información es incompatible con el derecho a la libertad de expresión.

HRW sostuvo que las normas propuestas podrían utilizarse para presionar o sancionar al periodismo independiente y generar un efecto inhibidor, incluso si ese no fuera el propósito declarado de las autoridades.

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La organización también señaló que la discusión ocurre en un contexto en el que Luisa María Alcalde ha utilizado el segmento semanal “Derecho de réplica”, transmitido desde Palacio Nacional, para señalar a periodistas y medios de comunicación a los que acusa de formar parte de un “esfuerzo coordinado” para difundir “noticias falsas”.

“La mejor defensa contra la desinformación es un entorno mediático que permita fuentes de información diversas y plurales, no contar con un organismo oficial facultado para sancionar a los medios de comunicación cuya cobertura el gobierno decida calificar de inexacta”, afirmó Peniche.

HRW concluyó que el combate a la desinformación debe impulsarse mediante un ecosistema mediático plural y diverso, y no mediante facultades gubernamentales que permitan determinar qué información publicada por los medios es verdadera o falsa.

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