Un reciente estudio que hicimos al respecto de la victimización por extorsión y que tenemos actualmente en dictamen, nos arroja bastante luz sobre la sombría realidad del estado de la seguridad pública. Estamos frente a una maraña de factores de riesgo que impulsan, sin hacer mucho esfuerzo realmente, la extorsión en las ciudades de México. En concreto, y sobre la base de los datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) de 2019 a 2023, exploramos cómo los mercados ilegales, la corrupción institucional y las vulnerabilidades individuales se entrelazan para crear un escenario propicio y lucrativo para la extorsión ciudadana. Vamos por partes.
Primero: esto es una maraña de ilegalidad y corrupción. Los hallazgos más destacados nos indican que la interacción entre los mercados de drogas y de combustible, léase, huachicol, aumentan significativamente los riesgos de ser víctima de extorsión. La verdad que esto no es la gran sorpresa cuando el crimen organizado se ha enraizado profundamente en las estructuras económicas y sociales. Pero algo que realmente agrava la situación, es la corrupción burocrática, la cual facilita la aparición y permanencia de estos mercados ilegales. Esta corrupción en las burocracias locales exacerba la vulnerabilidad de los ciudadanos ante los grupos dedicados a la extorsión.
Segundo: la ineficacia colectiva y las vulnerabilidades individuales también abonan al problema. También encontramos cómo la ineficacia colectiva —la incapacidad de las comunidades para unirse y resistir el crimen a razón de tener conflictos a su interior— y las vulnerabilidades individuales son predictores significativos de la victimización por extorsión. En lugares donde las comunidades están divididas y los funcionarios locales son proclives al sobresueldo ilegal, los criminales encuentran espacios para imponer su impuesto extorsivo. Son las personas mayores y aquellas con niveles más altos de educación las más victimizadas por este delito, o al menos, los que más reportan haber sido extorsionados.
Tercero: una mirada propositiva. Para reducir la extorsión es esencial atacar simultáneamente los mercados ilegales y la corrupción institucional, mientras se fortalece la cohesión comunitaria y se protege a los grupos más vulnerables por este y otros delitos. No se puede hacer una cosa y no otra, o hacer una y luego otra. En esto no. La estrategia federal debe enfocarse en una Reforma Anticorrupción, a la par de buscar desmantelar los mercados ilegales. En el ámbito local, se necesitan programas que fortalezcan la capacidad colectiva y la reducción de conflictos entre vecinos.
No buscamos con este estudio solamente iluminar las complejidades del problema, sino trazar un camino hacia soluciones que pueden restaurar la seguridad y la confianza en las comunidades urbanas de México. Se puede hacer. En un país donde la extorsión es una plaga extensa y persistente, este estudio ofrece una esperanza renovada para un futuro más seguro y justo.
La batalla contra la extorsión es una lucha cuesta arriba, pero con la investigación y las políticas correctas, es una lucha que se puede y debe ganar.
Académico Centro Geo. www.carlosvilalta.org
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