Harfuch destaca captura de más de 60 objetivos por Operativo Enjambre en Michoacán; hay presencia de más de 15 mil elementos

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que como parte del Operativo Enjambre, enfocado en el combate a la extorsión en Michoacán, se ha logrado la detención de más de 60 objetivos prioritarios, identificados como generadores de violencia.

El funcionario federal precisó que las acciones no se limitan únicamente a las capturas, sino que forman parte de una estrategia integral dentro del Plan Michoacán, que incluye tareas preventivas y de presencia permanente de las fuerzas federales.

“No solo son las detenciones de los objetivos generadores de violencia, como lo mencionamos, más de 60 de los más relevantes, de los prioritarios, incluyendo la persona que usted refiere”, señaló García Harfuch.

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Detalló que estas personas están relacionadas con delitos como extorsión, cobro de piso, homicidio y privación ilegal de la libertad, y subrayó que la estrategia contempla también patrullajes constantes y coordinación con autoridades locales y productores de sectores clave, como el limón y el aguacate.

El titular de Seguridad explicó que más de 15 mil elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional mantienen recorridos diarios en las zonas con mayor incidencia delictiva, además de reuniones permanentes con productores para recibir denuncias y reportes de irregularidades.

“Sabemos que esto va avanzando y va a ir mejorando conforme continúen las detenciones, pero también los patrullajes, que no paran. Son todos los días”, afirmó.

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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el combate a la extorsión se ha fortalecido con cambios constitucionales y legales que modificaron de fondo la forma en que se investiga este delito.

La mandataria recordó que anteriormente la denuncia dependía exclusivamente de la víctima, lo que inhibía los reportes por temor a represalias. Sin embargo, con la reforma, ahora se permite la denuncia anónima, lo que obliga a las fiscalías a iniciar de oficio las investigaciones.

“Esto cambia por completo la dinámica. Ahora, a partir de una denuncia anónima, el Estado tiene la obligación de investigar, abrir la carpeta y buscar las detenciones”, explicó Sheinbaum.

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