Hallan anomalías en la embajada de Reino Unido… y las ocultan

Durante el periodo de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena como embajadora de México en Reino Unido, el Órgano Interno de Control de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) encontró diversas anomalías, cuyas observaciones no fueron atendidas en su totalidad, por lo que se está elaborando un Informe de Irregularidades Detectadas para que se proceda conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

Sin embargo, la Cancillería mexicana reservó por cinco años las irregularidades que se detectaron de 2022 a 2026, al señalar que está en proceso de integración de un informe y que revelarlas afectaría el proceso, de acuerdo con una solicitud de información.

Se detalla que la auditoría 2025-02-OIC-5-100-AFC-007 se llevó a cabo del 17 de junio al 29 de agosto de 2025, la cual derivó en la elaboración de un Informe de Irregularidades Detectadas, el cual está en proceso de integración.

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“La divulgación de la información solicitada en la presente etapa procesal afectaría el interés público, consistente en garantizar la correcta integración del Informe de Irregularidades Detectadas y, en su caso, la debida sustanciación de los procedimientos de responsabilidad administrativa.

“Lo anterior, en virtud de que su difusión podría comprometer la eficacia de las diligencias en curso, al posibilitar la obstaculización de las líneas de investigación, la alteración o destrucción de elementos probatorios, así como interferencias indebidas en la actuación de la autoridad investigadora”.

La gestión de Josefa González-Blanco Ortiz-Mena como embajadora de México en Reino Unido estuvo marcada por diversas denuncias, entre ellas, acusaciones por hostigamiento laboral y malos manejos de recursos.

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En abril pasado, el columnista de EL UNIVERSAL Claudio Ochoa Huerta reveló en su texto Los huéspedes VIP de la Embajada de Londres que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo de Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Economía (SE), residió en el inmueble diplomático entre 2021 y 2022, durante la gestión de la entonces embajadora González-Blanco Ortiz-Mena.

Ante el escándalo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se abriría una investigación en la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

Se podría afectar la seguridad nacional, argumentan

En la resolución se afirma que la divulgación de esta información representa un riesgo real, demostrable e identificable de “perjuicio significativo” al interés público o a la seguridad nacional.

También se asegura que la divulgación de esta información podría afectar el desarrollo de las investigaciones, comprometer la obtención y análisis de elementos probatorios, así como vulnerar el adecuado ejercicio de las facultades de la autoridad investigadora.

“La divulgación de la información representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público o a la seguridad nacional: al respecto, se precisa que el expediente del Acto de Fiscalización número 2025-02-OIC-5-100-AF-C-007, cuyo objeto consistió en ‘verificar la recaudación, captación, administración, ejercicio y aplicación de recursos en la Embajada de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, conforme a los montos aprobados y de acuerdo con las disposiciones legales y normativas’, practicado durante el periodo del 17 de junio al 29 de agosto de 2025, derivó en la elaboración de un Informe de Irregularidades Detectadas, el cual se encuentra en proceso de integración”.

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“No se atendieron observaciones”

La resolución también indica que si bien el acto de fiscalización 2025-02-OIC-5-100-AFC-007 concluyó en su etapa de ejecución y seguimiento, de éste derivaron observaciones correctivas que no fueron atendidas en su totalidad.

En este sentido, se advierte que cuando en los actos de fiscalización o en el seguimiento de las acciones promovidas se identifiquen presuntas faltas administrativas de servidores públicos se elaborará el Informe de Irregularidades Detectadas, el cual remitirán a las autoridades competentes junto con su denuncia, para que procedan en términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA).

“Si bien, el acto de fiscalización 2025-02-OIC-5-100-AFC-007 objeto de la solicitud de transparencia concluyó en su etapa de ejecución y seguimiento, de éste derivaron observaciones correctivas que no fueron atendidas en su totalidad”. Por estos argumentos, el pasado 20 de mayo, en su Vigésima Sesión Ordinaria, el Comité de Transparencia de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno acordó reservar esta información por cinco años o cuando se extingan las causas que dieron origen a su clasificación.

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