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Especialistas, académicos e integrantes de organismos de derechos humanos confrontaron posturas respecto a la iniciativa presidencial que busca establecer los llamados “jueces sin rostro” donde se advirtió de los riesgos de dicha figura por los excesos que se pueden cometer.
Sin embargo, también algunos especialistas se pronunciaron a favor al señalar que debe ser para casos excepcionales donde se juzgue a personas presuntamente vinculadas con el crimen organizado e incluso se planteó que sea también para fiscales y juzgadores en procesos civiles que pueden estar en riesgo.
En el marco de la Mesa de análisis sobre la reforma de jueces sin rostro, convocada por la Comisión de Justicia del Senado, la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Centro Prodh), María Luisa Aguilar Rodríguez, dijo que es fundamental que el Estado tiene la obligación de proteger a quien les imparten justicia frente a las amenazas reales que enfrentan del crimen organizado.
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Sin embargo, el anonimato judicial no es compatible con los principios básicos de un juicio justo y argumentó que los jueces sin rostro no satisfacen las garantías mínimas fundamentales de independencia e imparcialidad, por lo que la revisión periódica o la temporalidad de esta de esta medida no corregiría su carácter en convencional los estándares interamericanos son muy claros en que no se admiten excepciones en este tipo de e tribunales.
Dijo que la figura de jueces sin rostro afecta el principio de publicidad porque impide conocer quien juzga, verificar si ha sido sancionado o inhabilitado y ejercer un control democrático sobre su actuación en particular en un contexto como el que tiene este nueva esquema de judicatura donde las personas juzgadoras son electas.
Cristina Reyes Ortiz, directora del Litigio en México Unido Contra la Delincuencia, expuso que la figura de reserva de identidad de las personas juzgadoras no es un mecanismo idóneo para lograr la protección de jueces y por el contrario si se ha demostrado en muchos otros contextos como ya lo mencionaron en Italia en Perú en El Salvador y Colombia.
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En esos países, expuso, la figura de los jueces sin rostro más bien han perjudicado a los grupos más vulnerables y como bien sabemos el sistema penal mexicano está lleno de personas de escasos recursos que no tienen necesariamente en los medios para conseguir una defensa adecuada.
Por ello, pensar en una figura tan riesgosa como la reserva de identidad debe ser al que se debe tomar con muchísima cautela porque no se garantiza la imparcialidad de los juzgadores.
Rubén Pacheco Inclán, presidente de la Barra Interamericana de Abogados de México, dijo que en el contexto de violencia que vive México “para mí no es descabellado el uso de esta figura y es más me parece interesante sobre todo para explorar las posibilidades de su aplicación.
Recordó que los 21 casos que existen a partir de hace cuatro años de personas relacionadas con juicios que han perdido la vida en manos de la delincuencia organizada.
Dijo que no sólo los jueces sino también los ministerios públicos, los fiscales, defensores y representantes de víctimas también corren el mismo riesgo.
Propuso que en la reforma se incluya un comité ético que quizá pudiera ser incluso de carácter civil que vigilara o autorizara por condiciones particulares del caso una identidad reservada no sólo del del juez sino también del fiscal.
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vr/bmc
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