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Javier Duarte de Ochoa fue reconocido en mayo de 2012 por Enrique Peña Nieto como integrante del “nuevo PRI”, un grupo de políticos y gobernadores jóvenes que supuestamente representaría una renovación en las filas del Revolucionario Institucional, partido que regresaba a las cúpulas del poder después de 12 años de alternancia panista.
La administración del exgobernador de Veracruz, sin embargo, más que ser una bocanada de aire fresco de “nuevas generaciones” en el priismo, trajo consigo uno de los escándalos de corrupción más grandes del sexenio de Peña Nieto, con acusaciones de desvío millonario de recursos y asociación delictuosa.
EL UNIVERSAL presenta una cronología del caso Duarte, a casi nueve años de sentencia del exmandatario estatal tricolor.
El auge y caída de Javier Duarte
El 1 de diciembre de 2010, Javier Duarte asumió como gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, en sucesión del polémico Fidel Herrera Beltrán. Bajo el lema “Veracruz para adelante”, llegó al poder dos años antes del arranque del sexenio peñista, de la mano de un candidato presidencial que exaltaba ante la prensa las cualidades del propio Duarte; de Roberto Borge, en Quintana Roo; de César Duarte, en Chihuahua y de Fernando Ortega Bernés, en Campeche, todos del “nuevo PRI”.
El 3 de marzo de 2016, pocos meses antes de culminar oficialmente su sexenio, el panista Miguel Ángel Yunes Linares, candidato a la gubernatura de Veracruz, interpuso como primer acto de campaña una denuncia en contra de Javier Duarte y funcionarios estatales, por delitos de presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
El 21 de julio, priistas solicitaron, de manera formal, la expulsión del gobernador veracruzano del partido. Un mes después, en agosto 24, el SAT auditó cuentas del político ante las crecientes acusaciones de enriquecimiento ilícito y propiedades en el extranjero.
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El 12 de octubre, 48 días antes del final de su mandato, Duarte de Ochoa pidió licencia como gobernador “por el gran amor” que le tenía al estado. De acuerdo con el expriista, había una “campaña” en su contra y se ausentaba de su cargo para responder a las acusaciones.
“Soy un hombre que vive de su salario, no soy rico, no he heredado nada, lo que tengo es fruto de mi trabajo”, dijo en entrevista con Carlos Loret de Mola ese día.
El 25 de octubre, el PRI oficializó su expulsión, bajo el argumento de que dañó el código de ética del partido y afectó los derechos de la militancia.
El 11 de noviembre inició, después de toda la vorágine mediática, el proceso legal en contra del exgobernador: en esa fecha, la entonces Procuraduría General de la República (PGR), encabezada por Arely Gómez, ofreció 15 millones de pesos por información que facilitara la captura del gobernador con licencia. Siete días después, se dio a conocer que un sujeto portaba pasaportes falsos, presuntamente para el político, después de que detuvieran en Chiapas a un hombre que llevaba documentación con fotos de Javier Duarte y de su esposa, Karime Macías.
Posteriormente, la PGR aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas dedicadas a actividades diversas y cuatro propiedades de Duarte.
El 14 de noviembre de 2016, la Interpol emitió ficha roja para localizar al prófugo de la justicia en 190 países, documento que se hizo público en México hasta enero de 2017.
La detención en Guatemala y extradición a México
En noviembre de 2016, el gobernador interino de Veracruz, Flavino Ríos, señaló que Javier Duarte salió de Veracruz en un helicóptero en Coatzacoalcos, por lo que la PGR ya había iniciado pesquisas.
El 15 de abril de 2017, Duarte de Ochoa fue detenido en Guatemala, en el municipio de Panajachel, departamento de Sololá. La PGR solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), por vía diplomática, la solicitud con fines de extradición del exgobernador.
El 19 de abril se presentó ante el Tribunal Quinto de Sentencia Penal de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de la Ciudad de Guatemala, donde le hicieron saber los cargos que se le imputan y por los que era requerido en México.
El 17 de julio de 2017, concluyó el proceso de extradición de Javier Duarte. La Cancillería confirmó que el procedimiento se realizó “con pleno respeto” a sus derechos humanos y en conformidad al tratado de extradición bilateral con Guatemala.
El 26 de septiembre de 2018, ya en territorio mexicano, se declaró culpable para obtener el procedimiento abreviado de asociación delictuosa y lavado de dinero, razón por la que un juez lo condenó a nueve años de prisión y al pago de 58 mil 890 pesos de multa.
El juzgador suspendió sus derechos políticos y civiles durante su tiempo en la cárcel y ordenó el decomiso de 22 parcelas, seis inmuebles en la Ciudad de México, un terreno en el Estado de México, tres departamentos en Boca del Río, Veracruz, cuatro en Ixtapa Zihuatanejo, Guerrero, y seis terrenos en Cancún, Quintana Roo.
Entre los inmuebles asegurados, se encontraba un predio en Lomas de Chapultepec, en el que el exmandatario pretendía construir su casa de retiro y tres departamentos en Santa Fe, que presuntamente fueron adquiridos para sus hijos, cuyo valor era de 45 millones 500 mil pesos cada uno.
De los nueve años de cárcel, se descontó el tiempo que permaneció privado de su libertad: es decir, la sentencia comenzó a contar desde el 15 de abril de 2017, que fue detenido en Guatemala.
Duarte, autoproclamado “perseguido político” en busca de libertad anticipada
El 17 de agosto de 2017, el exgobernador inició una huelga de hambre en el Reclusorio Varonil Norte en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas detallaron que se le suministraba miel, agua y limón.
El 22 de agosto de 2017, Duarte de Ochoa escribió cartas desde prisión, donde se autoproclamó perseguido político y acusó un presunto hostigamiento y “cacería de brujas” por parte de autoridades de Veracruz en su contra.
En su escrito, calificó de “pederastia”, “depravación” y de “dictador” al entonces gobernador del estado, Yunes, donde pidió que dejaran de ser rehenes políticos del mandatario que “utilizaba” la justicia como herramienta política.
El pasado 5 de noviembre de 2025, a cinco meses de finalizar su condena de nueve años, su defensa solicitó a la jueza del Reclusorio Norte libertad anticipada tras haber cumplido el 95% de la sentencia, misma que le fue negada poco tiempo después.
La justicia la da un nuevo revés a Duarte
El pasado 17 de febrero de 2026, un juez federal vinculó a proceso al exgobernador de Veracruz, ahora por el delito de peculado, relacionado con el desvío de cinco millones de pesos de recursos federales.
La Fiscalía General de la República (FGR), ahora encabezada por Ernestina Godoy Ramos, informó que lo anterior se determinó luego de que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción (FEMCC), presentó datos de prueba contundentes ante la autoridad judicial, quien además fijó seis meses para la investigación complementaria.
Con este nuevo revés judicial, la libertad de Javier Duarte, programa para abril de este año, se aleja cada vez más. En este proceso, el expriista ha acusado que hay tintes políticos y que existe una supuesta orden de que “no salga de la cárcel”.
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em/bmc
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