Enrique Ochoa Martínez, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (), señaló al Comité contra la Desaparición Forzada (CED en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas () de faltar al rigor, tras su reciente informe.

A través de sus redes, Ochoa Martínez declaró que el CED "está excediendo su mandato al presentar un informe con , ampliando indebidamente el alcance de la definición de desaparición forzada".

El subsecretario de la SRE, a cargo de Roberto Velasco, dijo que México es uno de los pocos países en el mundo que ha ratificado las nueve Convenciones universales y las nueve regionales de derechos humanos: "Tenemos un historial ejemplar en cooperación con el sistema internacional".

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"Nuestra cooperación con el Comité ha sido ejemplar e inmensa", dijo al señalar que México fue el primer país en aceptar una visita in situ en 2021, además que se ha respondido a todas sus solicitudes de información.

"Somos uno de los 78 países que ratificó la Convención de Desaparición Forzada y uno de los 30 que acepta la jurisdicción del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada para comunicaciones individuales", destacó.

Agregó que "México no niega los desafíos que enfrenta en esta materia", mientras que el Gobierno de México ha instrumentado políticas públicas y cambios legislativos "que son considerados ejemplos para otros Estados".

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Recalcó Ochoa que México mantiene "una estrecha cooperación técnica" con diversos países, así como con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y el Fondo de Población de Naciones Unidas para hacer frente a este flagelo.

"Seguiremos abiertos a la cooperación y no nos cerramos a colaborar en la atención de este doloroso tema. México continuará cooperando con el sistema internacional, en un marco de diálogo, privilegiado el análisis objetivo y riguroso", declaró.

Colectivos de búsqueda y asociaciones civiles ven oportunidad para México

Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas y asociaciones civiles indicaron que, ante la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la (ONU), el gobierno federal tiene la oportunidad de cambiar el rumbo para aceptar que las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en .

A través de un comunicado, expresaron que dicha resolución representa una oportunidad para miles de familias que continúan con la búsqueda de sus seres queridos al representar la posibilidad como país de emprender un cambio de rumbo que permita reconocer la dimensión del problema.

“En vez de empeñarse en reinterpretar las cifras oficiales se abre la puerta para aceptar que las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México lo que implica la intervención o tolerancia de autoridades de los distintos niveles de gobierno”, señalaron.

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Estos colectivos y organizaciones no gubernamentales consideraron que la petición del CED acerca de llevar el caso a la asamblea general de la ONU permite destinar los recursos humanos, materiales y tecnológicos indispensables con los fines de buscar y encontrar a las personas desaparecidas.

Asimismo, se abre la posibilidad de instrumentar investigaciones que partan de la comprensión de que esta situación no puede ser abordada tratando cada desaparición como un hecho aislado sino como un fenómeno de macrocriminalidad.

“Esta decisión representa una oportunidad para miles de familias de la región que continúan con la búsqueda de sus seres queridos al representar la posibilidad como país de emprender un cambio de rumbo que permita reconocer la dimensión del problema en vez de empeñarse en reinterpretar las cifras oficiales para de esa manera aceptar que las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en México lo que implica la intervención o tolerancia de autoridades de los distintos niveles de gobierno”, afirmaron.

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Subrayaron que es indispensable instrumentar investigaciones que partan de la comprensión de que la situación no puede ser abordada tratando cada desaparición como un hecho aislado, más bien como un fenómeno de macrocriminalidad que necesita la participación de distintos actores.

También pidieron asumir que la impunidad es el mejor mensaje de tolerancia para que las desapariciones forzadas continúen ocurriendo y sobre todo entender que las soluciones nada más pueden ser construidas colaborativamente, poniendo en el centro las necesidades y derechos de las víctimas.

Lamentaron la respuesta defensiva del gobierno mexicano ante el gran trabajo realizado por el Comité contra la Desaparición Forzada integrado por expertas y expertos independientes elegidos por los Estados integrantes de la Organización de las Naciones Unidas.

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“Respaldamos sus decisiones plenamente y esperamos que el Estado mexicano advierta el potencial positivo de esta importante decisión para las miles de familias que buscan a sus desaparecidos”, expresaron.

Argumentaron que se trata de una injerencia arbitraria o carente de sustento sería prolongar la espera que ha durado décadas de verdad, justicia y reparación de cientos de miles de personas, y desconocer la información que desde las familias y organizaciones no gubernamentales se ha generado durante años.

Los colectivos y ONGs hicieron hincapié en que dicha solicitud no es una condena en contra del gobierno mexicano, sino que representa el punto de partida para emprender soluciones contundentes de cara a una realidad que ya no puede ser desconocida.

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Solicitaron al Estado mexicano abrirse al diálogo honesto y franco con los diferentes sectores sociales afectados por la violencia, particularmente las familias de personas desaparecidas organizadas en diferentes colectivos redes y sectores.

Así como exigieron diálogo con las organizaciones que les han acompañado en su caminar de denuncia y exigencia de la búsqueda inmediata.

Destacaron que la decisión del CED no es espontánea, más bien el producto de distintas acciones emprendidas por este último órgano desde el año 2012, mismas que han derivado en una serie de recomendaciones.

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Sin desconocer los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano, el CED concluye que “existen indicios fundados de que se han perpetrado y se siguen perpetrando desapariciones forzadas en el contexto de varios ataques generalizados o sistemáticos llevados a cabo en México es decir como crimen de lesa humanidad”.

Entre los colectivos firmantes destacan A Tu Encuentro Guanajuato A.C., Buscadoras de Nuevo León A.C., Buscando Desaparecidos México, Colectivo “Voz de los Desaparecidos en Puebla”, Colectivo De pie Hasta Encontrarte Guanajuato y Colectivo En Búsqueda de Verdad y Justicia Nayarit.

También firman Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL), Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos en Jalisco (FUUNDEC-M), Familias por policías municipales desaparecidos Laguna, Colectivo Mariposas Buscando Corazones, y Justicia Nacional y Colectivo Una Luz en el Camino CDMX.

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