Aguascalientes blinda a docentes contra amenazas y acusaciones falsas; surge debate sobre derecho a denunciar

La reforma aprobada el pasado 18 de junio por el Congreso de Aguascalientes para fortalecer la protección legal de maestras, maestros, directivos y personal administrativo frente a denuncias infundadas, amenazas y actos de intimidación generó cuestionamientos sobre sus posibles efectos en la presentación de denuncias por parte de estudiantes, madres, padres de familia y tutores.

Impulsada por legisladores locales y respaldada por la Sección 1 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), la modificación al Código Penal estatal establece sanciones de entre uno y tres años de prisión, además de multas de 100 a 200 días, para quienes incurran en conductas consideradas amenazas, hostigamiento o acusaciones falsas contra trabajadores de la educación.

La medida fue defendida por la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Aguascalientes, Alma Hilda Medina Macías, quien aseguró que la iniciativa busca garantizar condiciones para que los docentes ejerzan su labor sin temor a represalias.

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Congreso de Aguascalientes (16/04/2025) Foto: Congreso del estado de Aguascalientes

“Aguascalientes es referente nacional en la protección de los derechos de los trabajadores de la educación. Sabemos que muchos docentes quedan en medio de conflictos al intentar poner orden en las aulas. Terminan violentados y sin poder ejercer su autoridad. Eso se acabó”, señaló la legisladora.

De acuerdo con la diputada, la reforma pretende generar un ambiente de respeto dentro de las comunidades escolares y establecer un equilibrio entre la protección de la infancia y los derechos laborales del personal educativo.

Sin embargo, especialistas y críticos de la medida advierten que la redacción de la reforma podría tener un efecto inhibitorio sobre la denuncia de posibles actos de violencia, abuso o conductas indebidas cometidas dentro de los planteles educativos.

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Educación en México. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La preocupación se da en un contexto donde diversas mediciones oficiales han documentado situaciones de violencia y acoso en el entorno escolar.

La Encuesta Nacional sobre Discriminación (ENADIS) 2022 del INEGI reportó que 28 por ciento de los 11.7 millones de adolescentes de entre 12 y 17 años que asistían a la escuela afirmaron haber sido víctimas de acoso escolar durante los doce meses previos al levantamiento de la encuesta. Esto equivale a aproximadamente 3.3 millones de estudiantes afectados.

A ello se suma información del Registro de Lesiones 2010-2024 de la Secretaría de Salud, según la cual durante 2024 fueron atendidos en hospitales del país mil 58 menores de entre uno y 17 años por agresiones físicas ocurridas en escuelas.

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La problemática también alcanza los delitos sexuales. El estudio “Disrupting Harm México", elaborado por UNICEF, ECPAT International e INTERPOL, estimó que cada año se producen alrededor de 1.2 millones de situaciones de abuso y explotación sexual contra niñas, niños y adolescentes en el país.

El informe señala que 39 por ciento de los primeros contactos con el agresor ocurrieron dentro de la escuela y que 24 por ciento de las víctimas no denunció los hechos debido a amenazas de quien cometió el abuso.

Frente a este panorama, organizaciones y especialistas han señalado que cualquier modificación legal relacionada con el ámbito escolar debe garantizar plenamente el derecho de niñas, niños y adolescentes a denunciar situaciones de violencia y acceder a mecanismos de protección efectivos.

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Los cuestionamientos también alcanzan el plano constitucional. El artículo 4º de la Constitución establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado deberá prevalecer el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos y facultando a madres, padres, tutores y particulares para coadyuvar en su protección.

Asimismo, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce expresamente el derecho de este sector de la población a una vida libre de violencia, a la integridad personal y a la educación, mientras que instrumentos internacionales suscritos por México, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, obligan a las autoridades a privilegiar el interés superior de la infancia y garantizar su desarrollo integral.

Mientras los impulsores de la reforma sostienen que la medida busca frenar denuncias falsas, actos de intimidación y campañas de desprestigio contra el personal educativo, partidos de oposición en la entidad y especialistas en temas educativos advierten que la aplicación de sanciones penales podría desalentar la presentación de denuncias legítimas y generar incertidumbre entre estudiantes y familias que busquen reportar posibles irregularidades dentro de las escuelas.

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