Ven falta de comunicación en rastreo de niños migrantes

Washington.— El esfuerzo del gobierno de Donald Trump para rastrear a los niños separados de sus familias en la frontera de Estados Unidos con México adolece de problemas de comunicación que ponen en duda la exactitud de los datos, de acuerdo con un informe de la inspectoría general del Departamento de Salud difundido ayer.

El gobierno creó un sistema de rastreo al formular su política de Tolerancia Cero en 2018, cuando se separó a más de 2 mil 500 niños de sus padres en la frontera con México, aunque la inspectoría considera que podrían ser más.

Las autoridades de inmigración siguen separando a niños de sus padres por ciertas razones, por ejemplo, cuando sospechan que el adulto tiene antecedentes penales y dicen que el sistema permitirá evitar en parte el caos, la confusión y los traumas que padecen los niños separados. Al menos 995 niños fueron separados de sus familiares entre junio de 2018 y julio de 2019.

Pero el sistema de rastreo es defectuoso, debido en parte a que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés), no transmite automáticamente los detalles de la separación al Departamento de Salud y Servicios Humanos, encargado de los niños migrantes, dijo la inspectoría.

Funcionarios de Salud y Servicios Humanos mantienen una hoja de cálculo de los niños separados, pero los datos se introducen en forma manual, lo cual es “intrínsecamente vulnerable a errores, lo que pone en duda la exactitud de los datos actuales sobre niños separados”.

De acuerdo con el informe, Salud y Servicios Humanos se enteró de las separaciones en 2018 a través de la prensa, en parte porque no había comunicación entre los departamentos. El resultado de ello fue caos, niños que permanecían detenidos mucho más allá de los tiempos legales u otros a cargo de gente de acogida que no sabía qué responder a sus preguntas sobre sus padres.

Corte exonera a indocumentados de medida

Entretanto, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito determinó que miles de personas que solicitaron asilo antes de mediados de julio del año pasado y a quienes se les negó la entrada con base en una política ordenada por Trump que restringía este amparo no están sujetos a ella.

La orden ejecutiva del tercer país seguro, emitida por el mandatario el 15 de julio, obliga a todos los demandantes de asilo en EU a demostrar que antes lo han pedido y que les ha sido denegado en las naciones por las que han pasado en ruta hacia suelo estadounidense. La decisión no afecta a todos los demandantes de asilo, sino que se limita a aquellos a los que se les denegó el acceso a EU en la frontera sur y se les pidió que regresaran más tarde para presentar su petición.