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La administración Trump ha ordenado a los cuidadores de niños migrantes que dejen de reportar directamente las preocupaciones sobre trata de personas a la oficina creada para ayudar a las víctimas, un cambio que según críticos podría facilitar la deportación de menores vulnerables.
La directiva, en un memorando del 10 de septiembre revisado por The Associated Press, podría significar que algunas víctimas quedarán sin servicios y enfrentarán dificultades para obtener asilo y visas que les permitan permanecer en Estados Unidos.
“Esto va a perjudicar a los niños”, declaró Jean Bruggeman, codirectora ejecutiva de Freedom Network USA, una coalición que aboga por sobrevivientes de la trata de personas. “Esto hace más probable que sean deportados antes de recibir los servicios que necesitan y que los devuelvan a una situación de peligro”.
La orden es parte de la agresiva ofensiva contra la inmigración lanzada por el gobierno de Donald Trump. Algunos de esos esfuerzos han sido frenados por los tribunales, pero otros se han afianzado.
El memorando indica que el cambio “agilizará la notificación, el seguimiento y la derivación de preocupaciones relacionadas con la trata”. Un comunicado de la administración señala que el cambio busca reducir el elevado número de denuncias que no alcanzan el umbral de trata de personas como delito, pero que aun así activaban la concesión de beneficios y alivios.
Pero el senador demócrata Ron Wyden, de Oregon, sostuvo que el cambio obliga a los niños y a sus defensores a reportar la trata de personas a la misma agencia que los mantiene bajo custodia.
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“Esta medida para marginar a los expertos en trata de personas es otra prueba de que la administración Trump deportará a niños para ganar puntos políticos en lugar de protegerlos de verdad”, indicó Wyden.
Oficina de trata otorga beneficios a niños vulnerables
El cambio se aplica a mil 800 niños que están bajo custodia federal tras llegar a Estados Unidos sin sus padres o tras ser detenidos con padres que no estaban legalmente presentes, y a otros que han sido liberados pero siguen bajo supervisión.
Según una política vigente desde hace tiempo, los cuidadores deben realizar una evaluación inicial de los niños no acompañados para detectar posible trata laboral o sexual dentro de los cinco días posteriores a su ingreso en una instalación o refugio. Si sospechan que el niño es víctima, deben notificarlo en 24 horas a la Oficina de Trata de Personas, creada en 2015 para prevenir la trata de personas y proteger a las víctimas.
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Si la oficina certifica la denuncia, los menores pasan a ser elegibles para un programa que les otorga mayor libertad al permitirles salir de alojamientos de corto plazo, ubicarlos en hogares de acogida y permitirles asistir a escuelas públicas. No los protege de la deportación de inmediato, pero pueden usar esa determinación para solicitar visas para víctimas de trata o presentar solicitudes de asilo. También les concede elegibilidad para nutrición, vivienda y otros beneficios públicos una vez que son liberados de la custodia federal.
Miles de menores no acompañados se han beneficiado de las determinaciones de la oficina. Son particularmente susceptibles a la trata laboral y sexual, incluso en sus países de origen, en su camino hacia Estados Unidos y después de llegar, y por eso el Congreso les ha otorgado protecciones, explicó Bruggeman.
¿Dónde se puede denunciar la trata de menores migrantes?
Con el cambio, los empleados federales y proveedores de cuidado que ya no deben reportar a la Oficina de Trata de Personas las denuncias de trata laboral y sexual que involucren a menores.
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En su lugar, esas denuncias deben presentarse únicamente ante la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que supervisa el alojamiento de menores no acompañados. Esa oficina investigará ahora las denuncias y decidirá cuáles deben remitirse a la Oficina de Trata de Personas para una revisión adicional, indica el memorando, advirtiendo que los proveedores “deben responder con prontitud a las solicitudes de información”.
En un comunicado, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados indicó que el cambio se debió a una revisión del año pasado que encontró que el 95% de más de nueve mil reportes “no contenían los elementos de trata” para remitirlos a investigadores penales.
“El gran grueso de los reportes detallaba casos de presunto abuso o negligencia, no trabajo forzado o sexo comercial según se define en las leyes sobre trata de personas”, señaló el comunicado.
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Aun así, el 58% de los reportes de empleados de refugios y administradores de casos calificó para beneficios relacionados con la trata. El cambio “fortalecerá la integridad, reducirá derivaciones indebidas, reducirá el fraude y garantizará que los niños que puedan haber sufrido trata reciban apoyo inmediato”, indicó el comunicado.
Exsubdirectora de Oficina de Refugiados señala deficiencias
Jen Smyers, quien se desempeñó como subdirectora de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados durante la administración Biden, dijo que es cuestionable la afirmación de que el cambio agilizará la notificación. Señaló que la entidad ya recibe los reportes de trata de personas, pero no tiene una pericia especial para evaluarlos, a diferencia de la oficina creada para ese fin.
El temor es que las denuncias legítimas se retrasen o se pasen por alto durante la nueva capa de revisión, y que empleados de carrera enfrenten presión política para remitir menos casos, indicó.
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“Es lo contrario de agilizar”, manifestó Smyers.
Señaló que el cambio llega después de una “embestida” de políticas de la administración Trump que han socavado la capacidad de los menores no acompañados para obtener estatus legal, entre ellas dificultar su salida de la custodia federal, detener a patrocinadores en medio del proceso de liberación y recortar su representación legal.
“Lo que están tratando de hacer es deportar a tantos como sea posible. Lo que interfiere con deportar a niños es que sean elegibles para las protecciones que el Congreso les ha dado”, expresó.
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