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Un funcionario estadounidense le dijo a ABC News que se está planificando un inminente vuelo de deportación militar estadounidense bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, también la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) solicitó el viernes a dos jueces federales que ordenen al gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no deportar a ningún venezolano detenido en el norte de Texas bajo una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII, argumentando que las autoridades de inmigración parecían estar moviéndose para reiniciar las deportaciones a pesar de las restricciones de la Corte Suprema federal sobre cómo se puede usar la ley.
Los abogados de varios inmigrantes venezolanos que están detenidos en un centro de detención en Texas dijeron que creen que sus clientes corren "riesgo inminente" de ser deportados a El Salvador bajo la legislación.
los abogados presentaron un documento que dicen es el aviso que sus clientes recibieron el viernes de los funcionarios de inmigración.
El documento, titulado "Notificación y orden de aprehensión y deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros", dice: "Se ha determinado que usted es... miembro del Tren de Aragua".
"Se le ha determinado como un enemigo extranjero sujeto a aprehensión, restricción y expulsión de los Estados Unidos", dice el aviso. "Esto no constituye una expulsión según la Ley de Inmigración y Nacionalidad".
El aviso que recibieron sus clientes el viernes, según la ACLU, "no dice que se pueda impugnar la designación bajo la AEA".
"Los demandantes vuelven a enfatizar que a los miembros de la clase propuesta se les está diciendo que serán eliminados inminentemente bajo la AEA, tan pronto como esta noche", dijeron los abogados de la ACLU.
La ACLU y el grupo Democracy Forward presentaron demandas para suspender las deportaciones realizadas en virtud de la ley. La Corte Suprema federal permitió que las deportaciones se reanudaran, pero dictaminó unánimemente que únicamente podrían proceder si aquellos que estaban a punto de ser expulsados tenían la oportunidad de argumentar su caso en la corte y se les daba "un tiempo razonable" para impugnar sus deportaciones pendientes.
*Con información de AP
desa/bmc
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