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Buenos Aires.— Una resolución que favorece el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad en Argentina fue rechazada por organismos humanitarios y dirigentes opositores, e incluso abrió una grieta en el seno de la coalición del gobierno de centroderecha de Mauricio Macri.
A través de la resolución 956, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, derogó una serie de pautas que limitaban el uso de las armas de fuego en las distintas fuerzas federales de seguridad.
En el caso de los policías, la nueva norma dispone que se utilizarán armas de fuego “cuando resulten ineficaces otros medios no violentos” pero autoriza a los agentes a disparar sin dar la voz de alto y sin sufrir agresión previa.
El uso de armas letales es válido en “defensa propia o de otras personas, en caso de peligro inminente de muerte o de lesiones graves”, sostiene el nuevo reglamento.
“Ahora podrán tirar [disparar] cuando antes no lo podían hacer sino cuando el delincuente disparaba”, justificó Bullrich, quien salió políticamente fortalecida por el exitoso operativo de seguridad durante la cumbre de presidentes del G20.
“Les damos armas [a los agentes] y en una situación de peligro inminente no las pueden usar”, lamentó la ministra, cuyo nombre comienza a barajarse como compañera de fórmula de Macri para las presidenciales de 2019.
Al anunciar la nueva normativa, el Ministerio de Seguridad criticó los reglamentos anteriores que limitaban el uso de armas de fuego para los gendarmes, prefectos y policías federales.
“Esta resolución es una trampa para [captar votos en las] elecciones porque la policía no puede pasar por arriba de las leyes. Si cometen un delito de ‘gatillo fácil’, van a ir presos. Pero el gobierno aparece colocándose del lado de la policía y de las víctimas [de la delincuencia] y empuja a la oposición a colocarse del lado de los delincuentes”, opinó el analista Raúl Timerman, del Grupo de Opinión Pública, a Radio 10.
La inseguridad está entre las mayores preocupaciones de los argentinos, aunque por detrás de los temas económicos como la inflación y el desempleo, según sondeos.
Argentina exhibe una de las tasas de homicidio más bajas de América Latina, con seis por cada 100 mil habitantes en 2016, sólo por encima de Chile (3.3 por cada 100 mil) y Ecuador (5.8 por cada 100 mil), según la revista especializada Insight Crime.
Amnistía Internacional Argentina llamó ayer al gobierno de Macri a revisar la polémica resolución, “en tanto representa una violación a los principios internacionales de derechos humanos”, señaló en un comunicado.
Por su parte, el juez Roberto Gallardo prohibió ayer la aplicación del nuevo protocolo en Buenos Aires.
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