Mujeres víctimas del narco, una crisis de dimensión incierta
Se habla de secuestrados, desaparecidos, asesinados y de reclutados forzosos, pero las estadísticas no se realizan con perspectiva de género. Se desconoce cuántas de esas personas son del sexo femenino. Sin cifras, no se puede atender el problema
Miami.— Las mujeres víctimas del narco y el crimen organizado en México y otros países de alta incidencia no aparecen en una sola categoría oficial; se reparten entre la desaparición, trata, explotación sexual, trabajo forzado, reclutamiento, desplazamiento y violencia sexual. En el discurso gubernamental existen instituciones y protocolos; en los hechos, la ayuda llega tarde, llega incompleta o no llega.
ONU Mujeres, la entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres, señala que “la violencia contra las mujeres y niñas sigue siendo una de las violaciones de derechos humanos más extendidas y urgentes del planeta”.
El problema se agrava porque los gobiernos casi nunca producen datos que midan de forma específica la violencia del narco y del crimen organizado contra mujeres y niñas, separadas de otras víctimas. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reconoce que falta incluso el conocimiento mínimo para unir los puntos y por eso habla de “urgencia para coordinar el desarrollo de una investigación” que establezca la relación entre el crimen organizado y “los distintos tipos de violencia contra las mujeres y las niñas”.
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Si el Estado no mide, no puede prevenir ni evaluar, asegura el PNUD; y si no distingue a mujeres y niñas, las vuelve invisibles en su propia estadística.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) apuntó el daño contra mujeres y niñas, al confirmar, en un reporte de 2024, que “el número de víctimas infantiles aumentó 31% entre 2019 y 2022, con un incremento de 38% sólo en el caso de las niñas”. Las mujeres y las niñas representaron “61% en 2022”.
Esto describe por qué hablar de “mujeres víctimas del narco” no puede limitarse a homicidios o a balaceras: el control criminal también se ejerce con explotación sexual y servidumbre de acuerdo con diversos informes.
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La exdirectora ejecutiva de UNODC Ghada Waly advirtió, cuando estaba al frente de la organización, que “tenemos que intensificar las respuestas de la justicia penal y cruzar fronteras para rescatar a las víctimas”.
Señaló que los gobiernos “no pueden quedarse sólo en campañas; tienen que investigar redes, detener operadores y proteger sobrevivientes de forma sostenida”.
Un estudio regional publicado en el marco de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) afirma que el mayor impacto del crimen organizado “está relacionado con la violencia que genera”, y que esa violencia atenta “principalmente contra las mujeres y las niñas”.
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El estudio regional de la Iniciativa Spotlight, coordinado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, advierte que muchas “mujeres y adolescentes” sufren “presiones, amenazas y acosos para ser reclutadas de manera forzosa por organizaciones criminales y ser obligadas a participar en actividades ilícitas”.
Violencia desapercibida
El patrón que aparece es: control, amenazas, golpes y coerción cotidiana sobre mujeres y niñas. En el mismo estudio se retoma que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA), acredita “impactos diferenciados” reflejados en “las presiones, amenazas y acosos” que sufren “muchas mujeres y adolescentes”.
La CIDH asegura que incluso donde hay instituciones y leyes, la violencia de género ligada a la criminalidad organizada “pasa desapercibida”, “es normalizada” y recibe, por parte del Estado, “menos atención” que otras violencias. En otras palabras, el gobierno ve, pero no actúa con prioridad. Y cuando los gobiernos responden tarde, “el crimen organizado les lleva una importante delantera porque ya les impuso reglas, castigos y sometimiento a esas mujeres”, comenta a EL UNIVERSAL la experta en seguridad Bárbara Gutierréz.
En casi todos los países, la violencia ligada al narco y a grupos armados termina empujando a mujeres y niñas a un mismo corredor de abuso: desaparición, explotación sexual, trabajo forzoso y “criminalidad forzada”. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) resumió este giro como un diagnóstico y puso el dedo en la llaga: “La trata y criminalidad forzada contra las mujeres están aumentando”.
EU: discurso y realidad
En Estados Unidos existe un discurso fuerte sobre mujeres y niñas, pero suele ir por una vía distinta: derechos, igualdad, violencia de género. El Departamento de Estado ha dicho que “prevenir y responder a la violencia de género es un imperativo de derechos humanos”, y subraya que esa violencia impide que “las mujeres y las niñas” participen “de manera libre y plena en la sociedad”. Esa visión ayuda a nombrar el problema, pero no sustituye una política específica para mujeres y niñas víctimas del narco y del crimen organizado, con metas medibles y recursos sostenidos.
Cuando Washington menciona a mujeres y niñas dentro del lenguaje de crimen organizado, casi siempre lo hace en el carril de explotación. En un caso sobre El Tren de Aragua, por ejemplo, el Departamento de Estado habla de redes usadas para “el tráfico de personas, especialmente de mujeres y niñas migrantes”, y añade que cuando ellas intentan escapar “suelen matarlas y publicar sus muertes” como amenaza. Pero no hay estadísticas. Menos, medidas de ayuda. “Para que haya ayuda real, además de arrestos se necesita protección, refugio, atención médica y sicológica, apoyo legal y condiciones para rehacer la vida de estas mujeres; si no, pueden quedar expuestas a amenazas y a que otra red las vuelva a capturar o explotar”, subraya Gutiérrez.
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En lo operativo, la prioridad de EU tratándose de redes criminales es el dinero. La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) explica que busca “asesorar a las instituciones financieras” para “detectar y reportar actividades financieras sospechosas” ligadas a redes criminales. Pero no hay instrumentos para medir cuántas mujeres y niñas dejaron de ser desaparecidas, cuántas fueron protegidas con medidas de seguridad o cuántas pudieron salir de un territorio controlado sin ser revictimizadas. No están en el centro de atención.
Crisis en México
En el caso de México, un documento oficial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, (RNPDNO), de la Comisión Nacional de Búsqueda, (CNB), reporta que del 1 de enero al 15 de diciembre de 2025 hubo 3 mil 641 mujeres desaparecidas y no localizadas. Eso equivale a un poco más de 10 mujeres por día en ese periodo.
El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF), de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), dio a conocer otro dato que golpea de lleno la discusión sobre mujeres y niñas en México, “en algunas entidades federativas [de la República Mexicana], la desaparición de mujeres supera ampliamente el promedio nacional de 25%”; y puede llegar a “67%” en Campeche y a más de 60% en Chiapas, Tabasco y Yucatán; “en su mayoría casos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años”.
“Cuando sube la detección, generalmente es porque el crimen organizado se expandió, porque se denunciaron más casos o porque los gobiernos han mejorado su capacidad contra el crimen”, comenta Gutiérrez. “En la práctica, casi siempre hay una mezcla de las tres cosas”, asegura.
El gobierno federal de México creó el Protocolo Homologado para la Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Su cumplimiento es obligatorio por todas las personas servidoras públicas cuya colaboración es necesaria. Pero la realidad supera por mucho a lo publicado, de acuerdo con múltiples testimonios de las llamadas madres buscadoras de diversos estados de la República Mexicana, “prácticamente nadie nos está dando el apoyo y la protección debidas para buscar a nuestros hijos e hijas”, dice a este diario una de las madres buscadoras.
Marco legal de la UE
La Unión Europea (UE) ha construido un marco legal explícito sobre violencia contra mujeres y niñas, aunque no siempre lo conecta con la violencia del narco o el crimen organizado. El Consejo de la UE dice que “la UE y sus Estados miembros colaboran para prevenir y combatir la violencia contra mujeres y niñas”.
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Ese marco se reforzó con la Directiva de la UE, que parte de un diagnóstico frontal: “Las disposiciones vigentes a nivel de la Unión y nacional han demostrado ser insuficientes para combatir y prevenir eficazmente la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica”. Si la respuesta general a la violencia contra mujeres y niñas ya es insuficiente, en territorios donde manda una red criminal la insuficiencia suele ser peor, porque denunciar y proteger cuesta más.
El Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, conocido como Convenio de Estambul, dice cuál es el estándar mínimo que muchos gobiernos aún no cumplen en contextos de crimen organizado: “Proteger a las mujeres contra todas las formas de violencia”, y además “recoger los datos estadísticos detallados pertinentes” sobre esas violencias.
“Si cada gobierno sólo mide, persigue y presume cifras, pero no protege y repara el daño, seguirán fallando justo donde el crimen más se ensaña: el cuerpo, la libertad y la vida diaria de mujeres y niñas en todo el mundo”, concluye Gutiérrez.