Santiago.— Sindicatos y estudiantes encabezaron ayer en Chile una huelga y marchas multitudinarias en diferentes ciudades, después de las medidas anunciadas por el presidente Sebastián Piñera para intentar frenar una ola de protestas que ha dejado 18 muertos.

Los opositores se manifestaron, en medio del estado de emergencia y el toque de queda que rige en el país desde hace cuatro días. Anoche se declaró el quinto. Las organizaciones sociales demandaron al gobierno deponer el estado de emergencia y “devolver a los militares a sus cuarteles”, junto a históricas peticiones para mejorar las pensiones, mayores recursos a la salud y a la educación pública. Algunos pidieron la renuncia de Piñera, mientras el ministerio de Defensa llamaba a reservistas para enfrentar la crisis.

Las autoridades informaron de la muerte de un niño y un hombre, embestidos por un vehículo que iba contra los manifestantes. Otra persona murió por una supuesta golpiza policial, elevando la cifra de decesos a 18, en medio de denuncias por presuntos abusos de derechos humanos cometidos por agentes del Estado.

El martes, Piñera anunció medidas con leves mejoras a las pensiones e ingresos de los más pobres; sin embargo, fueron insuficientes. “Me parece absolutamente una burla. ¿Cree que con esto va a calmar al pueblo? No, no lo va a calmar, esto va a seguir, porque no nos vamos a quedar callados”, declaró Ximena Gutiérrez. “Él [Piñera] siempre ha sido mentiroso para decir las cosas, y ahora que quedó ya la embarrada [el problema] está pidiendo perdón”, afirmó Carlos Morales, de 23 años.

A pocas cuadras del Palacio de La Moneda, sede de la presidencia, la policía reprimió violentamente a centenares de personas. Muchos chilenos se quejaban de que continúan los saqueos.

Fue también un miércoles de huelga general que afectó las operaciónes de la cuprífera estatal Codelco durante la mañana.

Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos, informó de casos de abuso de la fuerza por parte de la policía y los militares: desnudamientos, golpes y maltratos físicos y verbales, aunque la denuncia fue desestimada por dos jueces. José Miguel Vivanco, director de la división de las Américas de Human Rights Watch, expresó su preocupación.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el “excesivo uso de la fuerza” e instó al gobierno de Chile y a las partes involucradas a entablar un “diálogo efectivo e inclusivo”.

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