La audaz periodista, bajo acoso judicial

Bangkok.— La periodista filipina María Ressa, quien ayer fue distinguida con el Premio Nobel de la Paz junto al reportero Dmitry Muratov, es un icono de la libertad de expresión que vive bajo el acoso judicial y social por su trabajo periodístico.

Ressa, de 58 años, se ha destacado por la investigación de la controvertida guerra contra las drogas del presidente filipino, Rodrigo Duterte, así como por su labor contra las noticias falsas y la desinformación. “Es un reconocimiento a las dificultades, pero también a la esperanza de que vamos a ganar la batalla por la verdad, la batalla por los hechos: no retrocedemos”, señaló Ressa en una conferencia virtual en la que se enteró del anuncio del Nobel de la Paz.

La veterana periodista, que trabajó para la cadena estadounidense CNN entre 1995 y 2005 y también colaboró con The Wall Street Journal, señaló en la entrevista que el periodismo se encuentra en un momento crítico y que la inteligencia artificial es peligrosa para el periodismo por la “manipulación” que genera en las redes sociales. Para Ressa “no hay mejor momento” para ser periodista y afrontar la desinformación mediante la investigación de hechos y poder “pensar despacio en medio de la vorágine de información.

“El periodismo te pondrá a prueba mentalmente, intelectualmente, físicamente, moralmente”, señaló.

Ressa nació en Manila, pero pasó gran parte de su juventud en EU, donde estudió en la Universidad de Princeton y más tarde prosiguió sus estudios en la Universidad de Filipinas Diliman en su país natal.

Además, escribió dos libros sobre Al-Qaeda y Bin Laden.

En Rappler se ganó la animadversión de Duterte por su investigación de la guerra contra el narcotráfico, lo que la puso en la diana de una campaña de desprestigio en las redes sociales y de acoso judicial. Ressa fue elegida personalidad del año junto con otros periodistas por la revista Time en 2018 por su lucha contra la desinformación de, según ella, la “sofisticada maquinaria” de cuentas falsas vinculadas al entorno de Duterte para intimidar y silenciar a los críticos.

La periodista, que se enfrenta a siete casos criminales por presunta evasión de impuestos y vulneración de las leyes de propiedad de los medios, fue condenada en junio de 2020 por ciberdifamación por un tribunal filipino.

Por este caso se enfrenta a una pena de hasta seis años de cárcel, aunque se encuentra en proceso de apelación.