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Londres.— El juicio de extradición a Estados Unidos del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, detenido en Reino Unido, comenzará el 25 de febrero de 2020, según dispuso ayer una juez británica.
El periodista australiano de 47 años se enfrenta a 18 nuevos cargos, entre ellos espionaje y publicación de documentos clasificados.
En una audiencia preliminar celebrada ayer, Assange defendió que WikiLeaks “no es nada más que un medio de comunicación” y afirmó que “están en juego 175 años” de su vida, en referencia a la pena a la que puede ser condenado.
Assange “está sometido a una enorme presión, enfrentado a un caso complejo y de enorme envergadura”, después de haber “sufrido las consecuencias de su confinamiento en la embajada y ahora en la cárcel”, dijo a la AFP su abogada británica, Jennifer Robinson.
“Estoy preocupado por él porque está mal”, dijo el cineasta australiano John Pilger, quien asistió a la audiencia. “Lo visité en prisión, ha perdido mucho peso y vomitaba”, agregó. La vista se celebró un día después de que el ministro británico de Interior, Sajid Javid, firmara la solicitud de extradición de Estados Unidos.
En representación de la justicia norteamericana, el abogado Ben Brandon argumentó ante la Corte de magistrados de Westminster (Londres) que el caso de Assange “guarda relación con uno de los mayores compromisos de información confidencial en la historia de Estados Unidos”.
Defendiendo al periodista, Mark Summers remarcó que el proceso que afecta a su cliente representa “una agresión frontal y atroz” contra los derechos periodísticos.
Washington reclama al exhacker por haber conspirado para supuestamente interceptar ordenadores del Pentágono.
El pasado mes un gran jurado de Virginia (Estados Unidos) presentó 18 nuevos cargos contra el periodista, acusado de espionaje y de publicación de documentos altamente clasificados, lo que podría suponerle una condena de hasta 170 años, según el diario The Wa- shington Post.
El pasado 2 de mayo, en una vista judicial preliminar, Assange rechazó su entrega a EU, al defender su apuesta por un periodismo “que ha protegido a muchas personas”.
El pasado 11 de abril, el activista fue detenido por la fuerza por policías británicos después de que el actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le retirara el estatuto de refugiado.