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McALLEN, Texas.— Una jueza federal en California ha ampliado una decisión que otorga a más inmigrantes detenidos la posibilidad de solicitar una audiencia de fianza después de que el gobierno de Donald Trump terminara con esta práctica en julio. Los abogados dicen que miles podrían beneficiarse de la orden, pero es previsible que sea apelada.
El martes, la jueza de distrito Sunshine S. Sykes amplió una orden emitida la semana pasada que otorgaba a los inmigrantes detenidos sin antecedentes penales la oportunidad de solicitar una audiencia de fianza. Ahora, en lugar de afectar sólo a unos pocos nombrados en la demanda de California, la decisión se aplicará a los inmigrantes detenidos en todo el país.
Lo anterior, es parte de una demanda en curso que impugna los cambios que el gobierno de Trump hizo a mediados de año, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas dijo que estaba revisando su autoridad para detener personas y haría que los no ciudadanos fueran inelegibles para audiencias de fianza ante un juez de inmigración.
Antes del cambio de política, la mayoría de los no ciudadanos sin antecedentes penales que eran arrestados lejos de la frontera tenían la oportunidad de solicitar tal audiencia y, si se les concedía la fianza, permanecían libres mientras sus casos se procesaban en el tribunal de inmigración.
Sykes emitió una orden el jueves que consideró ilegal la nueva política.
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, emitió un comunicado el miércoles que señalaba una decisión de septiembre de la Junta de Apelaciones de Inmigración del Departamento de Justicia que permitía la nueva política.
Añadió que la política anterior "liberó peligrosamente a millones de extranjeros ilegales no investigados en comunidades estadounidenses, y usaron muchos vacíos legales para hacerlo".
Su declaración no indica si la decisión de Sykes sería apelada y el departamento no respondió a preguntas sobre el asunto.
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La decisión del martes podría afectar a miles de inmigrantes, pero no a todos. Aquellos con condenas penales o que tienen una orden de expulsión acelerada aún no tendrían permitido una audiencia de fianza.
Matt Adams, el principal abogado de los demandantes, dijo que ha escuchado de jueces de inmigración que ya están informando a algunos inmigrantes de su derecho a una audiencia de fianza desde que se presentaron las órdenes de Sykes.
“Estas son personas que han estado viviendo aquí en Estados Unidos, muchas durante años, muchas durante décadas, que tienen familiares que son ciudadanos estadounidenses, que no tienen antecedentes penales, que no presentan ningún peligro ni existe riesgo de que se den a la fuga, y que sin embargo estaban siendo encarceladas sin ninguna posibilidad de ser liberadas durante estos largos procedimientos”, expresó Adams.
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