Iniciativa migratoria va contra profesionales
La norma obligaría a beneficiarios de visa H-1B a demostrar que tienen residencia en su país y que no buscan establecerse en EU
Un grupo de congresistas republicanos acaba de presentar un proyecto de ley que busca transformar radicalmente uno de los principales programas de migración laboral en Estados Unidos y, de paso, cerrar una de las rutas más utilizadas por profesionales extranjeros para obtener la residencia permanente.
La iniciativa, denominada American White-Collar Worker Jobs Act, fue presentada por el representante republicano Chip Roy, de Texas, y cuenta con el respaldo de otros legisladores conservadores, entre ellos el congresista Eli Crane, de Arizona.
La propuesta forma parte de una ofensiva más amplia, impulsada por sectores del Partido Republicano, para restringir tanto la migración irregular como varios de los mecanismos de inmigración legal que durante décadas han permitido a profesionales altamente calificados establecerse en EU.
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El proyecto se enfoca en la visa H-1B, un programa creado para que las empresas estadounidenses puedan contratar trabajadores extranjeros en ocupaciones especializadas que requieren conocimientos técnicos o profesionales.
Es una visa ampliamente utilizada en sectores como tecnología, ingeniería, salud, finanzas y ciencias, y ha servido durante años como una de las principales vías para que miles de profesionales obtengan eventualmente la residencia permanente. Actualmente, la visa H-1B tiene una duración máxima de seis años y permite lo que se conoce como dual intent, o doble propósito, es decir, que una persona pueda trabajar temporalmente en EU mientras tramita una residencia permanente o una green card. Precisamente ese es uno de los elementos que busca eliminar la nueva propuesta republicana.
De ser aprobada, la legislación obligaría a los beneficiarios de una H-1B a demostrar que mantienen residencia en su país de origen y que no tienen intención de establecerse permanentemente en el país. En la práctica, esto eliminaría la posibilidad de utilizar esta visa como puente hacia la residencia. Además, el proyecto acabaría con las extensiones que actualmente se otorgan a quienes esperan la resolución de una solicitud de green card. La propuesta también reduciría la duración máxima de la visa de seis a apenas dos años, modificaría el sistema de selección para privilegiar a quienes reciban las ofertas salariales más altas y establecería requisitos más estrictos para las empresas que deseen contratar trabajadores extranjeros.
Otro de los cambios más significativos afectaría a los estudiantes internacionales. El proyecto eliminaría el programa conocido como Optional Practical Training (OPT), que actualmente permite a quienes se gradúan de universidades estadounidenses permanecer en el país y trabajar durante un periodo determinado una vez que concluyen sus estudios.
Para miles de estudiantes extranjeros, incluido un número importante de colombianos, el OPT representa el primer paso para obtener psteriormente una visa H-1B y, eventualmente, una residencia permanente. Al defender la iniciativa, Roy aseguró que el programa se ha utilizado durante años en perjuicio de los trabajadores estadounidenses.
Entre los grupos que respaldan la propuesta figuran U.S. Tech Workers, Immigration Accountability Project y Federation for American Immigration Reform (FAIR), organizaciones que desde hace años promueven restricciones al programa. Kevin Lynn, presidente de U.S. Tech Workers, sostuvo que la legislación corregiría varios de los problemas que, según él, han permitido reemplazar a trabajadores estadounidenses por empleados extranjeros.
No obstante, las posibilidades de que la iniciativa se convierta en ley parecen limitadas.
Aunque los republicanos controlan actualmente la Cámara de Representantes, lo hacen por un margen extremadamente estrecho. La propuesta difícilmente conseguiría apoyo demócrata y también podría enfrentar resistencia entre republicanos moderados, así como de sectores empresariales y tecnológicos que dependen de trabajadores extranjeros especializados.
La iniciativa llega, además, en un momento en el que la administración de Donald Trump ha endurecido varias vías de migración legal.
En los últimos meses, el gobierno ha impulsado cambios regulatorios para favorecer salarios más altos dentro del programa H-1B y ha aprobado una tarifa adicional de 100 mil dólares para nuevas solicitudes de esta visa.
Sin embargo, esa medida sufrió un revés judicial la semana pasada cuando un juez federal cuestionó su legalidad y ordenó bloquear su aplicación. Aunque el proyecto de Roy enfrenta un camino difícil en el Congreso, su presentación refleja hasta dónde ha llegado el debate migratorio dentro del Partido Republicano.
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