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Huella dactilar en España

Con esta técnica, tras los ataques del 11-M en 12 horas se identificó la mayoría de los 191 cuerpos
El director del Instituto Anatómico Forense de Madrid, Eduardo Andreu Tena. (CORTESÍA)
30/09/2018
03:37
Luis Méndez / Corresponsal
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Madrid.— El método más utilizado en España para la identificación de cadáveres consiste en cotejar las huellas dactilares. La mayoría de los cuerpos que ingresan en la morgue se identifican casi de inmediato, ya sea a través de los familiares, los datos policiales o mediante la técnica necrodactilar.

“Lo que tenemos en España para usos identificativos es la huella dactilar, que es el primer recurso que utilizamos y que está universalizada. Todos los ciudadanos españoles y residentes tienen su huella documentada, lo que nos permite una identificación muy rápida del cadáver al existir la posibilidad de cotejarla con la huella control", señala a EL UNIVERSAL Eduardo Andreu Tena, director del Instituto Anatómico Forense (IAF) de Madrid.

Cuando el cuerpo está muy deteriorado se lleva a cabo una regeneración dactilar, con la intención de recuperar las huellas del cadáver y poder contrastarlas con las que obran en el registro policial.

El banco de huellas digitales fue determinante para que en 2004 los especialistas pudieran identificar en apenas 12 horas a la mayoría de los 191 fallecidos en los atentados terroristas del 11 de marzo de ese año.

La obtención obligatoria del Documento Nacional de Identidad (DNI) a partir de los 14 años, con la huella del titular impresa ante las autoridades que expiden la credencial, y la concientización ciudadana sobre la necesidad de ir siempre documentado, contribuyen a agilizar el sistema de reconocimiento tras una muerte violenta o repentina. “En España existe un banco de ADN, pero es para delitos especialmente violentos, por lo que no sirve para identificar a la población en general”, subraya el responsable del IAF.

La identificación de los cuerpos forma parte de un riguroso proceso que exige la intervención de la policía, el juez y el médico forense, que se coordinan desde el momento en que se localiza el cadáver en circunstancias sospechosas. La actuación de las autoridades constituidas en comisión judicial abarca la obtención de pruebas en el lugar de los hechos, la elaboración del acta de inspección ocular, la extensión del permiso para el traslado del cuerpo y su posterior ingreso en la morgue a cargo de una empresa funeraria para llevar a cabo la autopsia y determinar las causas del fallecimiento.

La mediación de las autoridades policial, judicial y forense es indispensable en las llamadas muertes judicializadas, que son las violentas, las que albergan indicios de criminalidad o las que se producen súbitamente. En todas ellas es necesario practicar la autopsia.

Finalizada la identificación en la morgue, se le comunica al magistrado instructor que el cadáver puede pasar a disposición de los familiares, que deberán presentarse en los servicios de patología para concretar la entrega del cuerpo. Si no se les localiza, interviene la policía española que a través de Interpol intenta conseguir su filiación.

En el supuesto de que se apuren todos los trámites a través del juzgado de instrucción y el cuerpo siga sin ser identificado por la morgue, el cadáver es enterrado en un nicho o fosa individual, especificando su condición. Los gastos de la inhumación son sufragados por la administración.

En algunos protocolos de catástrofes, tipo tsunami o atentados con múltiples víctimas que desborden los recursos locales, está contemplado que se utilicen camiones refrigerados para evitar el deterioro de los cadáveres lo máximo posible, hasta que se consiga su identificación, pero siempre de una forma extraordinaria y temporal, precisa Andreu Tena, quien dice desconocer los pormenores de lo sucedido en el estado mexicano de Jalisco, donde las autoridades almacenaron docenas de cadáveres en contenedores de tráiler.

Por la dignidad del cadáver

“Los cadáveres amontonados se deterioran, no permiten el estudio reglado. Son circunstancias que deben evitarse para impedir la contaminación por contacto, no sólo de los propios cadáveres, sino de documentaciones y efectos personales. Si se utilizan camiones frigoríficos es recomendable individualizar los cadáveres, porque si están apilados su deterioro va dificultando cada vez más su identificación. Además, hay que mantener en la medida de lo posible la dignidad del cadáver”, advierte.

“En el caso de grandes tragedias, como la ocurrida en Madrid con el atentado terrorista del 11 de marzo, lo que se hizo hasta que se consiguió la plena identificación de las víctimas, fue constituir una morgue de urgencia en salas habilitadas de empresas funerarias que tienen capacidad para albergar un elevado número de cadáveres”, agrega el médico forense responsable de los servicios de patología que dependen del Gobierno de Madrid y que gestionan unos 2 mil 500 cuerpos anualmente.

Los avances en la identificación de cadáveres contrastan con el hecho de que existan todavía en España más de 100 mil desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Francisco Franco, enterrados en fosas comunes esparcidas por todo el territorio. A pesar de las demandas de los familiares de las víctimas del bando franquista que se alzó contra el gobierno de la República, la localización de las fosas y la exhumación de los cuerpos se lleva a cabo a cuenta gotas.

Los sucesivos gobiernos del derechista Partido Popular (PP) y del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), decidieron durante décadas no remover el pasado con la excusa de facilitar la convivencia en España, por lo que desoyeron a los familiares de los afectados que aún siguen reclamando a sus desaparecidos y exigiendo justicia.

El ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero aprobó en 2008 la Ley de Memoria Histórica a favor de los derechos de las víctimas del franquismo, aunque su alcance era limitado y sus fondos insuficientes. El gobierno socialista de Pedro Sánchez reactivó el proceso de búsqueda el pasado mes de agosto, creando la Dirección General de Memoria Histórica (DGMH) y aprobando partidas presupuestarias para avanzar en el inventario de las fosas, elaborar un censo oficial de las víctimas e impulsar la recuperación e identificación de los restos mediante pruebas de ADN.

La DGMH está elaborando ya un plan nacional de rastreo de desaparecidos en el que participarán arqueólogos, abogados, forenses y representantes de las asociaciones de víctimas. Sin embargo, aun contando con el apoyo de las máximas autoridades, la tarea de identificación de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo resulta complicada, ya que es un proceso que se prolongaría durante años, con un gasto superior a los 160 millones de dólares que habría que invertir en pruebas genéticas, según los expertos.

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