Hijos de capos estudian en planteles de élite en Estados Unidos
Los líderes del narco prefieren que sus familiares estudien en escuelas estadounidenses; analistas: ven beneficios en que su enseñanza sea en planteles de élite
Miami.— Líderes de cárteles mexicanos han optado por una educación en Estados Unidos para sus hijos. En algunos casos, aprovechan que nacieron en suelo estadounidense; en otros, la facilidad de obtener visas estudiantiles para que puedan ingresar al sistema educativo estadounidense.
El caso más reciente es el de un hijo de Wendy Dalaithy Amaral Arévalo, pareja de Gerardo González Valencia, líder de Los Cuinis. Aquí sí se emitieron sanciones contra la institución, al estar ella sancionada por el gobierno de EU. Pero otros jóvenes hijos de capos han podido estudiar sin problemas en instituciones educativas estadounidenses.
“El parentesco de un estudiante con un narcotraficante no constituye un delito ni obliga automáticamente a una institución a rechazar a la persona interesada”, comenta a EL UNIVERSAL la abogada en inmigración, Ana González.
Los nacidos en EU estudian como ciudadanos; de acuerdo con el Departamento de Estado, los extranjeros pueden ingresar a instituciones privadas con una visa estudiantil de categoría F-1 y demostrar que ellos, un familiar o un patrocinador cubrirán sus gastos.
La Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza negar la entrada al hijo extranjero de un narcotraficante cuando haya recibido durante los cinco años anteriores un beneficio derivado de esa actividad y que el joven supiera, o razonablemente debiera saber, su procedencia.
Sin embargo, si se descubre alguna situación anormal se sanciona a la institución y, si fuera el caso, se perseguiría al delincuente; el caso más reciente se dio en Bradenton, Florida: la Academia IMG (International Management Group), que funciona como una escuela preparatoria privada con internado, alojamiento y entrenamiento profesional para deportistas, protagonizó una sanción.
Amaral Arévalo matriculó ahí a su hijo, identificado por la prensa con algún parentesco con Gerardo González Valencia, dirigente de Los Cuinis; el Departamento de Justicia (DOJ) de EU sólo lo denomina “hijo de Amaral” y no establece expresamente la paternidad.
Otro adulto sancionado, cuya identidad continúa reservada, inscribió a su hijo, descendiente de un segundo dirigente de la organización; el gobierno los identifica como “estudiante-deportista 1” y “estudiante-deportista 2” y tampoco ha revelado cuál correspondía a cada familia.
El primero ingresó en enero de 2018, permaneció cinco años y se graduó en 2023; sus contratos oscilaron entre 47 mil y 99 mil dólares. El segundo entró en julio de 2020, pagó entre 100 mil 500 y 102 mil dólares anuales y se retiró en junio de 2022; ninguno fue acusado de algún delito.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros contabilizó 89 aparentes infracciones entre 2019 y 2025: seis acuerdos de matrícula y 83 operaciones financieras.
El 12 de febrero, IMG aceptó pagar 1.72 millones de dólares para resolver su responsabilidad civil; a cambio conservó su licencia, su acreditación y su capacidad para operar. Amaral había gestionado 504 mil 497.48 dólares y el 28 de julio de 2026 se declaró culpable de violar deliberadamente las sanciones. El fiscal general adjunto A. Tysen Duva declaró que “desvió más de medio millón de dólares en ganancias ilícitas como colegiaturas, pese a tener prohibido usar el sistema financiero estadounidense”. “Vemos que la autoridad castigó a la institución educativa por los contratos y el dinero recibido, pero no desacreditó la presencia del estudiante”, subraya González.
“La decisión de enviar a sus hijos fuera de México comienza con la seguridad de ellos mismos”, señala la abogada; “para una familia en una situación de estas características, los hijos son blanco de secuestros, represalias, presiones judiciales y ataques de organizaciones rivales”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros ha reconocido esta motivación, “las personas sancionadas pueden buscar las oportunidades disponibles en EU, incluso para distanciar a sus hijos de sus propias actividades ilícitas”.
Una investigación del periodista Isaías Alvarado en marzo de 2018 documentó esa necesidad. Publicó la situación académica de Serafín y Teresa o Teresita Zambada Ortiz, hijos de Ismael El Mayo Zambada y Leticia Ortiz Hernández. Alvarado cuenta que su madre los llevó a Phoenix durante la guerra entre cárteles que alcanzó a la familia; pasaron dos años tranquilos, asistieron a escuelas no identificadas y aprendieron inglés. Regresaron a México cuando expiró la visa materna y posteriormente volvieron a Arizona para estudiar durante un año en la Escuela Orme, una preparatoria privada con internado cuyo costo en esa época puede estimarse entre 25 mil y 30 mil dólares anuales por alumno, incluidos alojamiento y alimentación.
Matthew T. Page, investigador especializado en corrupción, estudió cómo las familias vinculadas con fortunas ilícitas utilizan escuelas privadas y universidades prestigiosas para adquirir respetabilidad y colocar a sus descendientes dentro de círculos empresariales, financieros y jurídicos. Según Page, “convierten fondos malhabidos en un bien de lujo a través, entre otras cosas, de una educación de alto nivel, para tratar de legitimar el apellido familiar y coloca a sus hijos como élites respetables”. El investigador denomina lavado de reputación a ese proceso; el diploma no cambia la procedencia de la fortuna, aunque permite que el descendiente aparezca públicamente como profesionista, empresario, deportista o graduado de una institución respetada. “La educación también puede ofrecer una salida real del cártel mediante el dominio de dos o más idiomas, una carrera legal y relaciones ajenas al círculo del padre”, asegura el especialista. Page advierte que muchas instituciones buscan estudiantes internacionales capaces de pagar colegiaturas elevadas sin someter a sus patrocinadores a controles comparables con los aplicados por bancos y entidades financieras.
Otro caso emblemático es el de Jessica Johanna Oseguera González, quien ingresó al sistema de educación público estadounidense porque nació en San Francisco y posee ciudadanía estadounidense y mexicana. Estudió en la Escuela Secundaria Intermedia Castle Park, perteneciente al Distrito Escolar de Sweetwater, en Chula Vista, California. El expediente judicial no precisa el año y no hay un costo señalado porque en Estados Unidos la educación preuniversitaria pública es gratuita. Terminó octavo grado, equivalente en México a la secundaria, con promedio de 3.97 sobre 4; recibió el Premio al Servicio Escolar, administró los negocios del consejo estudiantil y obtuvo un reconocimiento por ciudadanía sobresaliente. La institución recibió a una alumna con derecho a la educación pública; su condición de hija de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, y sobrina de Abigael González Valencia, dirigente de Los Cuinis, no constituía causa legal para excluirla.
Según el DOJ, la responsabilidad penal apareció años después, cuando realizó operaciones con seis empresas mexicanas sancionadas. En 2021 fue condenada a 30 meses de prisión por esas transacciones, no por tráfico de drogas ni por haber estudiado en California.
Rosa Isela Guzmán Ortiz relató a Univision en 2016 que Joaquín El Chapo Guzmán financió sus estudios después de que ella cruzó sin documentos hacia California a los 16 años, aproximadamente en 1992 o 1993. Nunca dio los nombres de las instituciones, programas cursados, fechas de graduación o cantidades pagadas. Univision examinó identificaciones y un acta de nacimiento que consignaba como padre a Archivaldo Guzmán; sin embargo, Emma Coronel, otros familiares y el abogado de Guzmán rechazaron el parentesco y ninguna prueba genética o resolución judicial pública lo ha confirmado. La ausencia de nombres y expedientes académicos impiden determinar si las escuelas conocieron al financiador o incumplieron una obligación.
Otro rasgo de este tipo de situaciones lo dio un líder del CJNG, Cristian Fernando Gutiérrez Ochoa, quien entró ilegalmente a EU, utilizó una identidad ficticia y vivió con una hija de El Mencho en una residencia de lujo en Riverside, California, comprada con ganancias del narco. Durante una audiencia del Comité Judicial del Senado en 2025, Matthew Allen, jefe en Los Ángeles de la DEA, dijo que “estas personas no se escondían en las sombras, sino a plena vista, comprando en nuestras tiendas y enviando a sus hijos a nuestras escuelas”. Allen habló de hijos en plural y no reveló nombres, edades, planteles, costos o situación migratoria. Tampoco afirmó que las escuelas conocieran la identidad verdadera del padre o que los menores hubieran sido matriculados con nombres falsos.
De acuerdo con el DOJ, Gutiérrez Ochoa fue detenido el 19 de noviembre de 2024 y el 18 de diciembre de 2025 recibió una sentencia de 140 meses por lavado internacional de dinero.
La investigación alcanzó al padre mediante la casa, el efectivo y los bienes del cártel; no mediante la asistencia escolar de sus hijos.
Los abogados Daniel Masakayan, R. Andrew Austria y Micah Schwartz sostienen que los planteles con internados costosos y reclutamiento internacional deben comprobar la identidad de padres, tutores, garantes, patrocinadores y terceros que transfieren recursos; también advierten que una visa válida no autoriza automáticamente la operación financiera.
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