Exigen llevar al régimen de Maduro a tribunal internacional

Ginebra/Caracas.— El presidente venezolano, Nicolás Maduro, y sus principales ministros están vinculados con posibles “crímenes de lesa humanidad”, afirmó ayer una misión de la ONU al presentar un informe que, dijo, espera sea el principio para que tribunales internacionales evalúen emprender acciones legales y que el régimen venezolano acusó de estar “plagado de falsedades”.

“La misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales —incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura— constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo la presidenta de la misión, Marta Valiñas, en un comunicado.

“Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”, agregó.

Para la elaboración del informe, se revisaron 2 mil 500 incidentes entre 2015 y 2017 que involucraron 4 mil 600 asesinatos cometidos por las fuerzas de seguridad y considerados “ejecuciones extrajudiciales”. Además, según información de varias fuentes manejadas para la confección del documento, se han registrado 3 mil 479 casos de detenciones arbitrarias por razones políticas en los últimos seis años.

Las principales entidades involucradas en los crímenes son la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y en particular las Fuerzas de Acción Especial (FAES), el Servicio Nacional de Inteligencia (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), así como la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), incluida la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Valiñas dijo que instancias como la Corte Penal Internacional (CPI) “deberían considerar la posibilidad de emprender acciones legales” contra los responsables identificados. Amnistía Internacional (AI), que en mayo de 2019 denunció “la probable comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela”, coincidió.

Pero Venezuela denunció un “informe plagado de falsedades, elaborado a distancia, sin rigor metodológico alguno, por una misión fantasma dirigida contra Venezuela y controlada por gobiernos subordinados a Wa- shington”, escribió en Twitter el canciller Jorge Arreaza.

Otro miembro de la misión, el chileno Francisco Cox, declaró ante la prensa que los investigadores de la ONU encontraron evidencias de que Maduro había ordenado en ocasiones personalmente al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a quién vigilar y detener.

“Tenemos participación y contribución al crimen de Maduro, ya sea directamente a través de la cadena de mando” o en ocasiones “dando órdenes directas”, afirmó. “Tenemos motivos razonables para creer que esto es una política de Estado [...] para sofocar a la oposición”.

Venezuela vive desde 2015 una grave crisis política, que se profundizó en 2019 cuando el jefe parlamentario, Juan Guaidó, se proclamó presidente encargado, luego de declararse en la Asamblea Nacional, único poder en manos de la oposición, la usurpación de Maduro en el cargo tras reelegirse en cuestionados comicios en mayo de 2018.

Para Guaidó, el informe presentado “despeja cualquier duda: Maduro es un criminal que además de respaldar el narcotráfico y terrorismo, comete delitos de lesa humanidad”.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de las Naciones Unidas sobre Venezuela no pudo visitar el país, porque “el gobierno no respondió a las reiteradas solicitudes” y a las restricciones de viaje por el Covid-19, y realizó 274 entrevistas a distancia, explica el reporte.

Si bien la misión reconoce la crisis, las tensiones y la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, constató que “el gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos de hombres y mujeres en Venezuela”. Según Cox, los organismos de inteligencia también sometieron a opositores o disidentes “a violencia sexual”, así “como palizas y descargas eléctricas en los genitales”. La misión instó a las autoridades venezolanas a realizar “investigaciones rápidas, independientes y transparentes”.