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Los abogados del gobierno de Estados Unidos informaron el martes a un juez federal que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) aún tiene la intención de deportar a Kilmar Ábrego García a Liberia, pese a un nuevo acuerdo con Costa Rica para aceptar a deportados que no pueden ser devueltos legalmente a sus países de origen.
El caso del ciudadano salvadoreño se ha convertido en un punto central del debate migratorio después de que el año pasado fuera deportado por error a El Salvador. Desde su regreso, ha luchado contra una segunda deportación a una serie de países africanos propuesta por funcionarios de Seguridad Nacional.
La jueza federal de distrito Paula Xinis, de Maryland, ya había prohibido al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) que lo deportara o lo detuviera. Ella escribió que la agencia no tiene un plan viable para deportar realmente a Ábrego García, y en febrero se refirió a “una amenaza vacía tras otra de expulsarlo a países de África sin ninguna posibilidad real de éxito”.
Ábrego García ha sostenido que, si va a ser deportado, debería ser a Costa Rica, que previamente aceptó recibirlo. Pero Todd Lyons, jefe interino del ICE, señaló en un memorando emitido en marzo que deportar a Ábrego García a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”. Lyons escribió que Ábrego García debería ser enviado a Liberia porque Estados Unidos ha gastado recursos gubernamentales y capital político negociando con la nación de África occidental para que acepte a nacionales de terceros países.
En una audiencia realizada el martes en el tribunal de Xinis, Ernesto Molina, director de la Oficina de Litigios de Inmigración del Departamento de Justicia, sugirió que Ábrego García podría “marcharse por su cuenta” a Costa Rica.
Xinis señaló que el Departamento de Justicia lo procesa en Tennessee por cargos de tráfico de personas. Calificó de “fantasía” decir que puede marcharse por su cuenta a cualquier lugar mientras el caso penal esté pendiente. La jueza fijó un calendario para la presentación de informes sobre el asunto y programó una nueva audiencia para el 28 de abril.
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Ábrego García, de 30 años, tiene esposa e hijo estadounidenses y ha vivido en Maryland durante años, pero inmigró a Estados Unidos ilegalmente cuando era adolescente. En 2019, un juez de inmigración determinó que no podía ser deportado a El Salvador porque allí enfrentaba peligro por parte de una pandilla que había amenazado a su familia. A pesar de ello, fue deportado por error a ese país el año pasado.
Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump lo trajo de regreso en junio, pero solo después de obtener una acusación formal que lo imputa por tráfico de personas en Tennessee. Se ha declarado inocente y ha pedido al juez que desestime ese caso.
desa/rmlgv
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