El Pez y El Fresa, en la mira de la justicia de EU
Liga al grupo criminal con tráfico de cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina; señala como nombres centrales a Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga
Miami.— Desde que Donald Trump llegó a su segunda administración, varios analistas se han preguntado qué pasa con el combate contra La Nueva Familia Michoacana (antes La Familia Michoacana). La respuesta es que está bajo la mira de Estados Unidos.
“Estados Unidos la mira como una organización criminal transnacional que trafica drogas, lava dinero, extorsiona economías legales, usa la violencia armada y mantiene una importante presencia dentro de territorio estadounidense”, dice el experto en seguridad binacional Alberto Hidalgo a EL UNIVERSAL.
De acuerdo con un informe de la Administración de Control de Drogas (DEA), la agrupación criminal forma parte del mapa federal de amenazas directas para EU.
La DEA describe a La Nueva Familia Michoacana “como una amenaza concreta, menos extensa, pero más regional, muy violenta y ya conectada con investigaciones federales [estadounidenses] por fentanilo, metanfetamina, heroína, cocaína y lavado de dinero”.
El Departamento de Estado dice que La Nueva Familia Michoacana “es sucesor de La Familia Michoacana, una organización transnacional violenta con sede en el estado de Michoacán y con operaciones en otros estados de la República Mexicana”. No presenta a este cártel como una célula improvisada, sino como una reorganización de una vieja estructura criminal que sobrevivió, cambió de jefaturas, adaptó sus negocios y extendió sus métodos.
El Centro Nacional de Contraterrorismo (NCTC) de Estados Unidos, en su ficha actualizada a febrero pasado, la describe como “la versión más reciente” de La Familia Michoacana y “una de las organizaciones de droga más poderosas que operan en el sur de México”. Le atribuye alrededor de 5 mil integrantes, presencia principal en Michoacán y Guerrero y presencia en regiones de la Ciudad de México, Morelos, Puebla y Estado de México. También afirma que el grupo introduce cocaína, fentanilo, heroína y metanfetamina a EU. Washington la designó como Organización Terrorista Extranjera y como Terrorista Global Especialmente Designado, lo que significa que EU decidió usar también contra La Nueva Familia Michoacana herramientas legales de seguridad nacional, como sanciones financieras, castigo a redes de apoyo, persecución de bienes y mayor presión sobre operadores, intermediarios y socios.
Los nombres centrales del expediente son Johnny Hurtado Olascoaga, El Pez, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, El Fresa.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos los identifica como colíderes de La Nueva Familia Michoacana y afirma que fueron acusados por un gran jurado federal en el Distrito Norte de Georgia por conspirar para fabricar y distribuir heroína, cocaína, metanfetamina y fentanilo, sabiendo que esas drogas serían importadas a Estados Unidos. Johnny Hurtado ya había sido marcado como Objetivo Prioritario Consolidado por el programa federal contra organizaciones criminales transnacionales. El Departamento de Estado anunció hasta 5 millones de dólares por información que lleve al arresto o condena de Johnny Hurtado y hasta 3 millones por José Alfredo Hurtado. En un comunicado al que este medio tuvo acceso, la dependencia señala que “estos son los primeros anuncios de recompensas relacionados con un cártel designado como Organización Terrorista Extranjera”. “No es el primer cártel en importancia, pero sí uno de los primeros usados para probar el alcance práctico de la nueva categoría terrorista aplicada a organizaciones criminales mexicanas”, dice Hidalgo.
La investigación aterriza en Atlanta, Georgia, y su zona metropolitana. El Departamento de Justicia sostuvo que integrantes del grupo importaban metanfetamina, heroína, cocaína y fentanilo hacia Estados Unidos, incluido el norte de Georgia. El fiscal interino Richard S. Moultrie Jr. dijo que los acusados eran presuntamente responsables de introducir “cantidades masivas” de drogas desde México hacia el área de Atlanta y otros puntos de Estados Unidos, y después transferir cientos de miles de dólares de regreso a México.
En marzo, Kevin Martinez, de Doraville, Georgia, fue acusado de distribuir cantidades significativas de fentanilo y de operar presuntamente bajo dirección de La Nueva Familia Michoacana. El fiscal Theodore S. Hertzberg declaró que “Martinez presuntamente trabajó en nombre de un cártel terrorista de droga, inundando nuestras comunidades con cantidades masivas de fentanilo letal”. En el operativo, agentes reportaron 6 libras de fentanilo con un sello particular, otras 44 libras ocultas en baterías de automóvil, seis armas y máquina contadora de dinero.
El agente especial Jae W. Chung, jefe de la división de Atlanta de la DEA, enmarcó el caso como parte de la ofensiva federal contra el fentanilo. La DEA ve a este cártel “no sólo como una organización mexicana violenta, sino como una red con capacidad de colocar droga en comunidades estadounidenses”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de EU, dependiente del Departamento del Tesoro, sancionó en abril de 2025 a los hermanos Johnny, José Alfredo, Ubaldo y Adita Hurtado Olascoaga. Dijo que esas sanciones reflejan cómo los cárteles mexicanos suelen depender de “redes familiares para facilitar sus actividades criminales”. El Departamento del Tesoro atribuye papeles específicos: a Ubaldo Hurtado Olascoaga lo describe como dirigente de alto nivel involucrado en extorsión y narcotráfico, además de supervisor de sicarios. Adita Hurtado Olascoaga, según la misma fuente, lavó ganancias de droga mediante tiendas de ropa usada en el Valle del Río Grande; el esquema consistía en comprar ropa en EU, enviarla a México, venderla y recibir las ganancias ya integradas al circuito criminal. El Tesoro también afirma que Adita traficó armas de EU a México para sus hermanos.
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De acuerdo con estas investigaciones, La Nueva Familia Michoacana no depende únicamente del trasiego de droga: el Centro Nacional de Contraterrorismo le atribuye contrabando y tráfico de migrantes, lavado de dinero, secuestro, tráfico de armas, minería ilegal y extorsión. También señala que la extorsión a productores de aguacate y limón en Michoacán es una fuente importante de ingresos ilícitos. “El cártel no sólo vende droga; cobra por producir, transportar, vender, cruzar, trabajar y vivir en territorios donde impone sus reglas”, subraya el experto.
El sur del Estado de México es una muestra de esa dimensión con claridad. Una investigación del 24 de julio de 2025, del periódico español El País sobre la Operación Liberación describió cómo las autoridades mexicanas, con apoyo de inteligencia policial y financiera, intervinieron 14 municipios, movilizaron 2 mil 866 elementos militares, catearon decenas de establecimientos y detuvieron a presuntos coordinadores de una red que imponía precios, proveedores y condiciones comerciales.
Otro ejemplo está en Texcaltitlán, Estado de México, donde, según Associated Press (AP), campesinos enfrentaron a presuntos integrantes de La Familia Michoacana después de años de cobros. Murieron 10 presuntos sicarios y cuatro pobladores.
En Guerrero, el poder del grupo se cruza con disputas territoriales, desplazamiento y control social, según AP. Los hermanos Hurtado Olascoaga son señalados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como originarios de ese estado y varias acciones federales los colocan en una red que conecta esa región con rutas hacia EU.
En Michoacán, la organización conserva su raíz histórica y económica, según el Centro Nacional de Contraterrorismo de Estados Unidos. En Morelos y el Estado de México aparece como una fuerza de expansión y cobro, de acuerdo con el Departamento del Tesoro. El mapa delictivo no indica control total de esos estados por parte de La Nueva Familia Michoacana, sino presencia en municipios, corredores, mercados y zonas rurales donde la autoridad legal convive o compite con una autoridad criminal armada.
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cdm