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Ecuador debate condiciones para despenalizar el aborto en caso de violación

La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador busca establecer un máximo de 28 semanas de gestación para que se practique el aborto por violación en mayores de 18 años

Decenas de mujeres ecuatorianas se congregan en una vigilia para seguir el debate sobre una ley que despenaliza el aborto por violación.
Decenas de mujeres ecuatorianas se congregan en una vigilia para seguir el debate sobre una ley que despenaliza el aborto por violación. Foto: EFE
Mundo 13/01/2022 16:21 Actualizada 16:21
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Quito.- La Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional de Ecuador (Parlamento) busca establecer un máximo de 28 semanas de gestación para que se practique el aborto por violación en mayores de 18 años, mientras que las menores y mujeres con discapacidad no tendrán ese plazo.

Así se informó el martes, un día después de que la Comisión iniciara la revisión del borrador del proyecto de Ley Orgánica para Garantizar el Derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo en caso de Violación, presentado por la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional. 

En el debate se emitieron varios criterios, entre ellos que no debía haber plazo para la interrupción del embarazo en caso de violación, si bien el que prevaleció tras obtener seis votos afirmativos fue el presentado por el legislador José Agualsaca, del movimiento correísta UNES, precisó un comunicado de la Asamblea Nacional.
 
El presidente de la Comisión, Alejandro Jaramillo, aseveró que la mesa legislativa ha mantenido sus puertas abiertas para escuchar las propuestas de diversos sectores respecto del articulado del proyecto.
 
“A la comisión han acudido médicos y otros profesionales de la salud, especialistas, expertos nacionales y extranjeros, y constitucionalistas, quienes presentaron sus observaciones, al igual que los legisladores”, resaltó.
 
El proyecto tendrá como ámbito de aplicación todo el territorio nacional “y será de observancia y aplicación” por parte de personas y servicios, operadores de salud, establecimientos públicos y privados del sistema nacional de salud para prevenir la violencia contra las mujeres.
 
“Toda persona gestante producto de una violación estará amparada por las disposiciones de esta ley”, recalca el boletín del Parlamento. 

El proyecto también aborda los derechos de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes con discapacidad o que posean una condición discapacitante y en movilidad humana para decidir y acceder a la interrupción del embarazo en caso de violación. 
 

Otro de los asuntos espinosos que abordó la Comisión fue el relativo a los requisitos y se fijó un procedimiento para que los casos de violación sean puestos a consideración de la Fiscalía General del Estado por el establecimiento de salud, a fin de que sean investigados y se inicien procesos de atención integral. 

Tras las revisiones, se prevé que el borrador se someta a un segundo debate parlamentario, en torno al 20 de enero, después de haber pasado el primero en 2021. 

Entre los nudos críticos del texto, que son censurados por las organizaciones de mujeres, figuran los límites temporales para practicar el aborto, los requisitos del procedimiento y la eventual objeción de conciencia a la que puedan apelar los facultativos sanitarios.

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El martes, decenas de mujeres hicieron una vigilia afuera del recinto legislativo donde se revisa la iniciativa.

“Luchamos ahora para no morir mañana”, rezaba una de las pancartas que mostraba una mujer con pañuelo verde y mascarilla anticovid, mientras un grupo de policías vigilaba la actividad. 

Verónica Vera, del colectivo “CunaSur”, indicó a Efe que el objetivo de la manifestación es vigilar que el debate que tiene la Comisión de Justicia de la Asamblea sobre la Ley de Aborto por Violación recoja las propuestas de los grupos feministas y de la sociedad civil. 

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Lo que se busca es que la normativa “responda a las necesidades de las sobrevivientes de violación”, que han resultado embarazadas y que desean interrumpir ese proceso, añadió. 

En Ecuador, según la activista, se presentan once denuncias diarias de violación y muchas de las víctimas quedan embarazadas, por lo que es imperativo que se garantice un proceso de aborto seguro y legal.

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