Para combatir el azote de la extorsión carcelaria, que es uno de los flagelos en seguridad que se han disparado en los últimos años en Colombia, el presidente Abelardo De La Espriella adoptará una medida radical: garantizar el completo control sobre varios de los capos más peligrosos del país que a pesar de estar tras las rejas siguen controlando poderosas estructuras criminales.
El diario El Tiempo conoció que para ello se recurrirá a los buques cárcel, una estrategia que fue utilizada hace casi 20 años para aislar a dos de los megacapos de los grupos ilegales: Carlos Mario Jiménez, alias "Macaco", jefe del Bloque Central Bolívar, y el temido Diego Fernando Montoya, alias "Don Diego", jefe del Cartel del Norte del Valle.
En 2007, cuando los jefes ‘paras’ ya empezaban a traicionar el acuerdo de paz de Ralito, un pacto secreto entre jefes paramilitares y líderes políticos y regionales, y estaban conformando las nuevas bandas criminales, y también cuando su proceso de extradición a Estados Unidos era inminente, el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe decidió sacar a ‘Macaco’ de la cárcel de Itagüí y trasladarlo en un megaoperativo de seguridad a una fragata de la Armada en el Caribe. Se utilizó la misma estrategia con ‘Don Diego’, capturado en septiembre de ese año, quien terminó en un buque en el Pacífico.

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El objetivo del gobierno Uribe era romper el control que los dos capos tenían en esos momentos sobre sus estructuras criminales a pesar de que estaban recluidos.
'Macaco' fue extraditado finalmente en mayo de 2008, junto a varios de los principales jefes del grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Cumplió sentencia de 21 años en Estados Unidos por narcotráfico y fue regresado a Colombia a cumplir sentencia por los crímenes que no confesó bajo la ley de Justicia y Paz. Recibió en el gobierno de Gustavo Petro el estatus de "gestor de paz".
El Tiempo conoció que ya está en marcha un trabajo articulado entre el Ministerio de Defensa, el Minjusticia y el Inpec. “Estamos articulando esfuerzos y mirando cómo se puede hacer. La idea es darle más control a los presos. Será un hecho en unos meses”, dijeron fuentes que conocen del sistema penitenciario.
Sobre quiénes podrían ir al buque, afirmaron que aún no se conocen nombres, pero serían los delincuentes de alto perfil, no solamente cabezas de la extorsión.
“Se avanzará también en la implementación de la Estrategia de Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que articulará las capacidades del INPEC [Instituto Penitenciario de Colombia] con las de la Armada de Colombia”, dijo el Mindefensa en un comunicado.
La idea es “tenerlos aislados de todo: comunicaciones y nexos con sus estructuras”, dijo otra de las fuentes consultadas.
Anticipando una cascada de recursos legales de los equipos jurídicos de los capos, alegando derechos como el arraigo familiar, la resocialización y las visitas, fuentes consultadas por El Tiempo indicaron que el gobierno está dispuesto a dar la batalla jurídica para quebrar el poder de los criminales.
Esta iniciativa se dio a conocer en las conclusiones de una serie de iniciativas encaminadas a atacar los principales delitos que mantienen en una crisis de seguridad a varias ciudades capitales colombianas.
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