Corrupción, ahora en compra de cubrebocas

San José.- Millones de centroamericanos recurrieron obedientes al uso de mascarillas para tratar de evitar el contagio del coronavirus, pero una serie de compras de urgencia de instancias estatales de Centroamérica para abastecerse con rapidez de grandes cantidades de esas piezas esenciales quedaron bajo sospecha de corrupción.

Ceñidos al libreto de negar toda culpa en presuntos actos ilícitos, presidentes, vicepresidentes, ministros, diputados, alcaldes, munícipes y jerarcas de empresas paraestatales se deslindaron de cualquier responsabilidad: “Vamos a llegar hasta las últimas consecuencias”.

Transparencia Internacional (TI), institución mundial no estatal defensora y promotora de la honestidad, con sede en Alemania, lanzó desde marzo una alerta por la amenaza de que la crisis fuera usada para el enriquecimiento ilícito con negocios de fármacos, mascarillas y otros artículos. “Quizás es la peor de las corrupciones, porque literalmente mata personas o las deja ni siquiera con lo mínimo para subsistir”, reprochó el guatemalteco Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, a cargo de TI en Guatemala.

“Las mascarillas y las pruebas para diagnosticar el coronavirus son de los insumos con sobrevaloración y mala gestión de compras en prácticamente toda Centroamérica”, relató Marroquín a EL UNIVERSAL.

“En América Latina, y en particular en Centroamérica, la cultura de la corrupción está tan arraigada que se da en cada desastre, como esta tragedia o en terremotos o inundaciones”, acusó.

Para el costarricense Andrés Araya, presidente de Costa Rica Íntegra, que representa a TI en este país, “la corrupción en América Latina no se ha detenido con la pandemia” y si se prolonga alargaría “los espacios” de peligro. “En casi todos los países del área se reportan casos, en especial con contratos (…) en salud. Una débil gobernanza aumenta los riesgos, reduce la transparencia y la rendición de cuentas y limita los derechos fundamentales y hasta las libertades civiles y el control ciudadano”, dijo.

Al subrayar que TI alertó que las irregularidades crecerían, adujo que el fenómeno es estimulado “por la excusa de la emergencia para procedimientos urgentes de adquisiciones, que a veces se llevan sin control, y por el sector salud [como] uno de los más apetecibles y susceptibles a la corrupción”.

El gobierno de Costa Rica aceptó este mes investigar si hubo error en una operación comercial con 700 mil mascarillas que fueron rechazadas por el personal de los centros públicos de salud tras descubrir, entre sus principales características, que no son de uso médico.

La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala denunció ante la Fiscalía General del país que el gobierno guatemalteco compró mascarillas N95, aunque el producto no correspondió a la cotización del proceso oficial de la transacción.

La Asamblea Nacional de Panamá adquirió 7 mil mascarillas presuntamente con sobreprecio, en una maniobra con una empresa privada por la que tres funcionarios fueron separados en abril de sus puestos. El gobierno de El Salvador fue cuestionado en junio al hallarse que realizó dos compras por un millón de dólares en tapabocas con un aparente sobreprecio a firmas privadas que son propiedad o están ligadas a autoridades gubernamentales de alto rango.

Un escándalo estalló hace semanas en Honduras, luego de que el gobierno habría fallado en controlar el gasto en marzo de 80 millones de dólares para obtener 7 hospitales móviles, 290 ventiladores mecánicos pulmonares y 2.3 millones de artículos de bioseguridad, con millonarios pagos anticipados, sin garantías y con entregas tardías. Un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa, contraparte de TI en Honduras, aseguró que el “resultado” de la inversión “podría poner en riesgo la vida de millones de hondureños”.